La jueza procesa al cirujano, al anestesista y a otros 8 sanitarios por la muerte de Sara Gómez tras una lipoescultura

Cartagena

La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, en auto notificado hoy, ha acordado que continúe el procedimiento por un delito de homicidio imprudente contra 10 sanitarios tras la muerte de una paciente que se sometió a una lipoescultura.

La paciente, recuerda el auto, ingresó en un hospital de Cartagena el 2 de diciembre, la operación de cirugía estética finaliza a las 14.30 horas y, es trasladada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un segundo hospital a las 18.30, donde llega en estado crítico, aunque, dada la inestabilidad de la paciente, los cirujanos de guardia deciden no intervenirla.

La resolución recoge las analíticas practicadas desde ese día, subrayando que los marcadores de sepsis aparecen desde el día siguiente. Siendo intervenida el día 7 de diciembre cuando los resultados analíticos empeoran.

Tras la cirugía, se produce una estabilización progresiva, continúa el auto, hasta el 22 de diciembre que se produce un empeoramiento de la situación clínica y el día 1 de enero se decide intervención quirúrgica urgente, con un fallo multiorgánico, que causa su fallecimiento.

Tras la denuncia de estos hechos, y practicadas las diligencias estimadas necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y de las personas que participaron, el auto señala que la mujer “ante la creencia errónea” por las publicaciones en redes sociales, de que contactaba con cirujano plástico de reconocida experiencia, decidió practicarse una lipoescultura.

No obstante, detalla la resolución, existen indicios de que era la primera intervención de esta clase que realizaba este cirujano, especialista cardiovascular, con cursos en laserlipolisis, lipomoracación abdominal 4D y máster en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento.

En concreto, la instructora estima que hay indicios de responsabilidad en el resultado mortal del cirujano y el anestesista que participaron en la intervención. Del primero la resolución destaca que no era “especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, careciendo de la formación necesaria para la intervención”. Respecto del anestesista, encargado del control y monitorización de la paciente durante la intervención y al que correspondía la decisión de trasladarla a la UCI, se apunta que esta debió hacerse tres horas antes de cuando se hizo.

Además, la magistrada alude a los indicadores de sepsis, con signos de infección generalizada, que se aprecian en los informes a partir del tercer día de ingreso en la UCI, para apreciar la concurrencia de responsabilidad en los cirujanos que estuvieron de guardia, a partir de ese día, y hasta el 7 de diciembre de 2021, cuando se practica la primera laparotomía exploradora.

Por otra parte, se acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto de los cirujanos que atendieron a la fallecida el día de su ingreso “toda vez que el estado crítico de la paciente no aconsejaba la intervención, y en ese momento las analíticas no indicaban signos de sepsis o infección” y de los que asistieron a la paciente después del día 7 de diciembre.

Una vez se dé traslado de las actuaciones, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas deberán solicitar la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa. Aunque, excepcionalmente, también pueden solicitar la práctica de diligencias complementarias.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación.