Aloja apoya el veto de Consumo a los anuncios ilegales de Airbnb: "Es un paso importante para frenar la competencia desleal"

MURCIA

El bloqueo impuesto por el Ministerio de Consumo a casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en España en la plataforma de reservas Airbnb, supone "un paso importante para frenar la competencia desleal que venimos sufriendo los alojamientos turísticos legales de la Región", según Gregorio Morales, presidente de Aloja, la asociación de propietarios de viviendas y apartamentos turísticos.

El Ministerio de Consumo ha exigido a la plataforma de reservas que elimine los anuncios ilegales en internet al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos, lo que afecta hasta a 5.800 anuncios de pisos turísticos publicados en Airbnb, aunque en este primer paquete de afectados no hay ninguno de la Comunidad.

Desde el Instituto de Turismo de la Región (Itrem) detectaron el año pasado 638 anuncios en internet de viviendas que no cumplían con la normativa vigente, además de realizar medio millar de inspecciones a viviendas turísticas. En este 2025, ya se ha detectado otro centenar de inmuebles en situación irregular.

Desde que en 2023 se pusiera en marcha la unidad específica de inspección de plataformas online en el ITREM, ha detectado más de 1.000 viviendas de uso turístico ilegales que en su mayoría han sido regularizadas.

Morales considera que en la Región aún hay una parte significativa de la oferta de alojamientos turísticos (entre un 60% y un 70%) que sigue operando fuera del marco legal, especialmente en zonas costeras. "Este tipo de acciones —el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb— refuerzan el trabajo de quienes sí cumplimos con la normativa, ofrecemos empleos estables y generamos ingresos fiscales para nuestros municipios".

Morales valora la obligatoria licencia de actividad turística impulsada por la Comunidad, que ha permitido que muchos pisos y apartamentos hayan salido de la ilegalidad. El parque de alojamientos legales actual está en torno a 8.000, el doble que hace cuatro años.