Los penalistas advierten de un alarmante incremento de la criminalidad en la Región: "Delitos de una incuestionable gravedad se acaban resolviendo con conformidad, lo que reduce la pena por dilaciones indebidas"

MURCIA

El aumento de la criminalidad en este 2025 en la Región se traduce en los cinco primeros meses del año en 10 asesinatos registrados, lo que supone un aumento del 400%. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2023 hubo 15 homicidios dolosos y asesinatos consumados, en 2024 hubo 14, y en los que llevamos de 2025, que aún no están recogidos oficialmente, recogen ya 10 asesinatos.

Algunos de los casos más dolosos, el asesinato de una niña de 5 años de manos de su padrastro; un hombre que mató a su suegra de un tiro cuando se interpuso para defender a su hija en Torreagüera, o en San Pedro del Pinatar, donde una mujer mató a su expareja tras atropellarlo con el coche. El último caso fue un apuñalamiento en el barrio cartagenero de Los Barreros.

Algo que constatan desde el ámbito judicial y policial. Abogados penalistas aseguran que no recuerdan una cantidad de crímenes de sangre en la Región en tan poco espacio de tiempo.

Es el caso del vicedecano de Criminología de la UCAM, José María Caballero, que considera que entre las causas de ese aumento está la reducción de penas por las dilaciones indebidas, como consecuencia del atasco en la justicia. "Delitos de una incuestionable gravedad se acaban resolviendo con conformidad de las partes que reducen la pena por las dilaciones indebidas", dice Caballero, lo que influye considerablemente.

Otra de las causas es el aumento del crimen organizado en la Región, como ocurre en el resto del país, y además, se refiere a la política legislación española, que cree que la solución es aumentar penas en vez de ahondar en la vía de la prevención, que en el caso, por ejemplo, de la violencia de género, podría evitar casos de asesinatos.

Los abogados muestran su preocupación por el retraso que se está dando en la justicia, que está fijando juicios en causas de extrema gravedad con hasta 12 años de retraso, lo que aumenta también la preocupación y frustración en el ámbito policial, que ven como instrucciones ya finalizadas desde hace muchos años tardan en llegar más de una década a los juzgados regionales.