Un juzgado reconoce el derecho de la comunidad musulmana a parcelas en el cementerio municipal de Cartagena

Cartagena

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena ha reconocido el derecho de la comunidad musulmana a contar con parcelas en el cementerio municipal para enterrar a sus fallecidos conforme a sus ritos religiosos.

La sentencia estima el recurso interpuesto por la Comunidad Islámica AFAMUCA de Cartagena frente a la inactividad del Ayuntamiento, que no respondió a la solicitud presentada el 7 de octubre de 2024. El fallo considera que esta omisión "vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa", recogido en el artículo 16 de la Constitución Española.

Tal como ya adelantaba el magistrado en el auto de admisión, y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el silencio administrativo no solo implica la negativa a conceder parcelas en el cementerio municipal, sino que impide que los fallecidos puedan ser enterrados según los ritos de su fe, lo que supone una vulneración del derecho a la libertad religiosa.

La resolución judicial recuerda que el Ayuntamiento está obligado por la Ley 26/1992, que aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, a facilitar parcelas en los cementerios municipales para enterramientos islámicos. Además, no puede supeditar este derecho a futuras ampliaciones del cementerio ni a la construcción de nuevos espacios por iniciativa privada.

El fallo es claro: "Si las personas que profesan el Islam tuvieran que esperar a que se ampliara el cementerio municipal o a que se construyera un cementerio islámico por iniciativa privada", se estaría infringiendo el artículo 2.5 de la Ley 26/1992.

El magistrado aclara que la norma no exige la creación de nuevos cementerios o ampliaciones para permitir enterramientos islámicos, sino que establece que deben cederse parcelas en los cementerios municipales ya existentes, de modo que en ellas se puedan seguir las prácticas tradicionales islámicas en cuanto a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios. Así, se garantiza que los fieles musulmanes puedan ser enterrados conforme a su religión, al igual que ocurre con el resto de confesiones.

Finalmente, el juez ordena al Ayuntamiento de Cartagena que aplique la normativa vigente en materia de policía sanitaria mortuoria y habilite una zona adecuada en el cementerio municipal. Además, impone al consistorio el pago de las costas procesales, que se han fijado en 300 euros.