El nuevo decreto ley de Simplificación contempla el silencio administrativo positivo como regla general

Murcia

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este jueves el decreto ley de Simplificación Administrativa, que tras su aprobación en Consejo de Gobierno será remitido a la Asamblea Regional.

La nueva ley, que ha sido consensuada con la patronal Croem, responde a las demandas del tejido productivo, reduciendo cargas burocráticas que dificultan el crecimiento económico.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha destacado que "esta ley es una respuesta directa a lo que las empresas nos reclaman, que no es otra que continuar avanzando en la reducción de cargas burocráticas que lastran el crecimiento. Es una apuesta por la economía real, la inversión y el empleo".

Entre las principales medidas prácticas que contempla la ley, destacan el silencio administrativo positivo como regla general, que permite que si la Administración no contesta en plazo, la solicitud se entiende estimada, lo que acelera procesos y genera confianza para invertir; declaraciones responsables en lugar de autorizaciones para múltiples procedimientos, lo que permite a las empresas comenzar actividades más rápidamente sin esperar autorizaciones previas.

En el caso concreto del sector comercial, se amplía la posibilidad de acogerse a esta fórmula, ya que hasta ahora sólo podían hacerlo los comercios minoristas ubicados en locales con una superficie útil de exposición y venta inferior a 300 metros cuadrados. Con la nueva ley, este límite se amplía hasta los 1.000 metros cuadrados, facilitando así la apertura de nuevos negocios.

Además, otra novedad es la declaración responsable sustitutiva como medio para acreditar el cumplimiento de requisitos, sin necesidad de aportar documentos.

Esta herramienta, unida a la Carpeta Empresarial, punto único digital para la relación con la Administración, va a suponer que los ciudadanos de la Región de Murcia dejen de presentar más de un millón de documentos a la Administración regional, con un ahorro estimado para los mismos de seis millones de euros en tiempo y gestiones.

Otra medida es la simultaneidad de informes, facilitando que todos los necesarios en un procedimiento se emitan al mismo tiempo, en lugar de en cadena, lo que reduce drásticamente los plazos.

El texto aprobado esta mañana también incluye la figura de las entidades o técnicos colaboradores de certificación, que podrán verificar y certificar requisitos legalmente exigidos. Entre las novedades también se encuentra una nueva licencia básica en urbanismo, que junto con la simplificación de trámites ambientales y patrimoniales acelerará la construcción de vivienda y atraerá inversiones.

También se recoge una medida importante en el ámbito del turismo, ya que se impulsa la actividad hotelera, compatibilizando el uso hotelero con el suelo residencial, "facilitando así nuevas inversiones en el sector".

Además, existirá la compensación de cargas administrativas en el ámbito autonómico, que permite que si se impone una nueva obligación para las empresas se elimine otra de coste equivalente, "asegurando que no aumente el peso burocrático", según destacó la consejera.

Por otro lado, López Aragón ha explicado que "en línea con el principio de buena regulación, la ley contempla la derogación expresa de normas, leyes y decretos, contribuyendo así a depurar el ordenamiento jurídico regional y reforzar la seguridad jurídica".

La consejera ha subrayado, además, que "simplificar no significa desproteger. Al contrario, un sistema más ágil y transparente protege mejor a los ciudadanos y a las empresas, al reducir la incertidumbre y garantizar controles más eficaces. Los estándares de calidad, de seguridad, medioambientales y de protección de derechos se mantienen íntegramente".

"Los mecanismos de control no solo permanecen, sino que en muchos casos se refuerzan gracias al uso de herramientas digitales y a una mayor trazabilidad de los procedimientos", añade.

En este sentido, López Aragón explicó que la norma contempla un artículo de sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros en el caso de faltas muy graves vinculadas a las entidades colaboradoras de certificación, o hasta los 300.000 euros en el caso de faltas muy graves relacionadas con las declaraciones responsables y comunicaciones previas.