Ecologistas en Acción denuncia que la Ley de simplificación elimina requisitos de evaluación ambiental de las modificaciones urbanísticas

Murcia

El portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo ha señalado que gobierno ha derogado “sin dar ninguna explicación concreta” una normativa de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia que obligaba hasta ahora a pasar una evaluación ambiental más rigurosa, a las modificaciones de los planes generales calificadas como estructurales, es decir, aquellas que por ejemplo pueden alterar sustancialmente el uso del suelo o incluso reclasificar el suelo no urbanizable.

En su opinión, al eliminar dicha normativa, todo apunta a que ahora estas modificaciones que afectan a millones de metros cuadrados de territorio, generan miles de nuevas viviendas y habitantes, con sus correspondientes accesos, servicios, saneamiento o depuración, podrán someterse sólo a una evaluación ambiental “simplificada”, lo cual según los ecologistas es frontalmente contrario a la Ley estatal de evaluación ambiental e incluso a la Directiva europea en la materia.

Para Luengo el gobierno regional ha llegado demasiado lejos en cuanto a favorecer los intereses económicos particulares de determinados miembros de la patronal. “Es una vergüenza que la CROEM haga gala en público de que el texto sea fruto “del trabajo que comenzó en enero de 2024, cuando CROEM impulsó, según reconocen, un proceso de consulta con siete asociaciones sectoriales y dos grandes empresas”. Los ecologistas emplazan a la patronal a que identifique públicamente esas “grandes empresas” beneficiarias de la “generosidad simplificadora” del ejecutivo regional.

Para la organización, estos Decretos de simplificación se utilizan para colar la eliminación de garantías de protección del interés público, en aras de facilitar el beneficio privado de unas pocas empresas. Es algo intolerable, ya que se supone que la administración pública debe velar justo por lo contrario: que el beneficio privado no se construya en detrimento del interés general.

Además, para Ecologistas en Acción, se abusa de la excusa de la urgencia, a pesar de reconocer más de año y medio de preparación, por ser la forma en la que justificar que las “modificaciones a la carta” se aprueben mediante decretazo, evitando el debate público, las aportaciones de otros sectores y de la sociedad, así como evitar los informes preceptivos del Consejo Jurídico, o del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, por el que por cierto no han pasado la mayor parte de las modificaciones legales sobre las que debía haberse pronunciado.

“Si la Asamblea Regional no revisa esta derogación, pediremos al Defensor del Pueblo y al Gobierno nacional que la recurran ante el Tribunal Constitucional”, además pedirán –concluye Pedro Luengo- a la Comisión Europea que abra un expediente de infracción.