Polémica por la nueva Ley de Simplificación Administrativa en la Región: Ecologistas denuncian recortes en la evaluación ambiental

MURCIA

El Gobierno regional ha aprobado el Decreto-Ley 1/2025 de Simplificación Administrativa, una norma que, según denuncia Ecologistas en Acción, elimina requisitos clave en la evaluación ambiental de modificaciones urbanísticas, favoreciendo el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios sin garantías suficientes.

La nueva ley, publicada en el BORM el pasado 7 de junio, modifica la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística, eliminando la obligación de someter ciertas modificaciones estructurales del planeamiento urbanístico a una evaluación ambiental ordinaria. A partir de ahora, estas podrán acogerse a un procedimiento simplificado, incluso si implican reclasificación de suelo no urbanizable o alteraciones significativas del territorio.

La aprobación de esta medida coincide con el inicio de trámites por parte del Ayuntamiento de Murcia para permitir la construcción de cerca de 9.000 viviendas en Corvera y Baños y Mendigo, lo que ha levantado sospechas sobre la intencionalidad de la reforma.

¿Simplificación o desprotección ambiental?

Entre las principales medidas prácticas que contempla la ley, destaca el silencio administrativo positivo como regla general, o declaraciones responsables en lugar de autorizaciones para múltiples procedimientos. El texto también incluye la figura de las entidades o técnicos colaboradores de certificación, una nueva licencia básica en urbanismo y una medida importante en el ámbito del turismo.

Además, otra novedad es la declaración responsable sustitutiva que, unida a la Carpeta Empresarial, va a suponer que los ciudadanos de la Región de Murcia dejen de presentar más de un millón de documentos a la Administración regional.

El Gobierno defiende la ley como parte de un esfuerzo por reducir la burocracia y agilizar la actividad económica, en línea con políticas europeas de mejora regulatoria. La consejera del ramo, Marisa López Aragón, subraya que “simplificar no significa desproteger".

Sin embargo, Ecologistas en Acción advierte que esta simplificación puede vulnerar la legislación estatal y europea en materia ambiental, al reducir los controles sobre proyectos que afectan a millones de metros cuadrados de suelo.

El portavoz ecologista, Pedro Luengo, acusa al Ejecutivo de favorecer intereses privados, señalando que el texto legal incorpora 63 propuestas elaboradas por la patronal CROEM, en colaboración con grandes empresas del sector. La organización denuncia que se ha abusado del procedimiento de urgencia para evitar el debate público y los informes de órganos consultivos como el Consejo Jurídico o el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.

Los ecologistas anuncian que, si la Asamblea Regional no revisa la derogación, pedirán al Defensor del Pueblo, al Gobierno central y a la Comisión Europea que actúen legalmente contra la norma.