La ILP por una vivienda digna presenta un recurso ante la Junta Electoral por dejar de verificar más de 5.000 firmas

Murcia

Desde la Comisión Promotora de la ILP “Por una vivienda digna” en la Región de Murcia, denuncian la decisión de la Junta Electoral Regional de no verificar alrededor de 5.000 de las firmas aportadas ‘al haber superado el mínimo exigido en el plazo establecido’.

Tras la rueda de prensa celebrada este pasado jueves para criticar lo ocurrido. Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha intervenido en el programa Hoy por hoy Murcia para denunciar públicamente la decisión de la Junta Electoral Regional de suspender la validación de firmas de la ILP por el derecho a una vivienda digna. Morote ha calificado la medida de "arbitraria y sin base legal", y ha advertido de que esta actuación podría restar legitimidad a una iniciativa respaldada por más de 16.000 personas en la Región.

En rueda de prensa, los responsables de esta ILP, decían que esta decisión "no está avalada por ninguno de los artículos de la ley 9/84 de la CARM, que es la que regula el desarrollo de la ILP autonómica, porque no puede ser de otra manera, ya que la decisión adoptada por la Junta Electoral, supone despreciar la voluntad de 5.000 personas electoras, que han decidido apoyar esta iniciativa ciudadana".

La ILP no es una cuestión solo de quienes la promueven, sino del conjunto de personas que la consideran adecuada y necesaria, y deciden votar a favor de la misma avalándola con sus firmas. Una ILP es una especie de proceso electoral, es por eso que es la Junta Electoral la que controla su desarrollo, dice Paco Morote, uno de los promotores de esta iniciativa.

Así, se pregunta "¿Qué diríamos si en unas elecciones no se contara el voto desde el extranjero porque no alteraría el reparto de escaños? Pues la decisión de la Junta Electoral de suspender la validación de firmas nos parece una barbaridad semejante. Lo que parece buscar, es restar apoyo social a una propuesta respaldada por más de 16.000 firmas, que la arbitrariedad de la Junta rebaja casi al mínimo legal".

Desde la Comisión Promotora, el pasado día 23 de junio recurrieron esta decisión, "que carece de cualquier soporte legal, pidiendo que se revoque este acuerdo, y se prosiga con la validación de todas y cada una de las firmas aportadas", denuncian.

De igual modo, dice Morote, "casualmente, nos hemos enterado de que la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, el día 24, ha señalado el 8 de julio como fecha para el debate, estando pendiente de resolver nuestro recurso. Estas 2 acciones, la de la Junta Electoral y la de la Junta de Portavoces, lo que parecen buscar es, por una parte, restar apoyo social y legitimidad a nuestra propuesta impidiendo que se conozca el apoyo real obtenido, y por otra, tumbarla en un momento, vísperas de agosto, para que pase más desapercibida la falta de respuesta de los representantes políticos ante el gravísimo problema de vivienda que padecemos".

Por último, expresan su sorpresa por el hecho de que la Junta Electoral, presidida por Miguel Pascual del Riquelme, reconocido jurista, presidente del TSJ hasta hace bien poco, y cuya secretaria es Encarna Fernández de Simón, letrada de la Asamblea Regional, entre otros miembros, "hayan adoptado un acuerdo sin base legal alguna, y despreciativo hacia la voluntad de 5.000 personas. Esperamos que la resolución del recurso que hemos presentado sirva para rectificar esta decisión arbitraria, antidemocrática y dudosamente ajustada a la legalidad".