El PSOE critica el plan económico de Cartagena y alerta de una subida de impuestos de 14,5 millones

Cartagena

El PSOE de Cartagena ha expresado su preocupación por el impacto económico que tendrá el nuevo Plan Económico Financiero presentado por el equipo de Gobierno, formado por PP y Vox. Según los socialistas, la propuesta implicará una subida de impuestos que podría alcanzar los 14,5 millones de euros, afectando a todos los vecinos del municipio.

Durante una rueda de prensa, el portavoz socialista Manolo Torres calificó el plan como “inviable” y criticó que se base exclusivamente en el aumento de tasas y precios públicos, sin contemplar una reducción efectiva del gasto. También denunció que se eliminarán subvenciones relacionadas con la transición ecológica y se encarecerán las actividades culturales, con incrementos de hasta el 85% en espacios como el Auditorio El Batel.

En cuanto a las nuevas ordenanzas fiscales, el concejal Pedro Contreras detalló que el Impuesto de Vehículos subirá un 11% en general, y un 15% para ciclomotores y motocicletas de hasta 125 cc. Además, se eliminarán bonificaciones para vehículos eléctricos e híbridos, así como para viviendas con aprovechamiento energético, lo que supondrá un impacto económico conjunto de más de 220.000 euros.

Contreras también señaló que, aunque se incrementan las bonificaciones del IBI para familias numerosas (62.000 euros), se aplicarán subidas a inmuebles comerciales, culturales, deportivos y sanitarios, con un impacto estimado de 2,2 millones de euros. El PSOE considera que esta diferencia es desproporcionada y que el Gobierno local la presenta de forma engañosa como una bajada de impuestos.

Respecto al Plan Económico Financiero, los socialistas cuestionan la viabilidad de medidas como la congelación de 3,6 millones de euros en gasto, la optimización de contratos de servicios que no pueden modificarse, y la racionalización de recursos humanos, mientras se anuncia una nueva oferta de empleo público. También dudan de la recuperación de los 4 millones prestados a la sociedad Casco Antiguo para viviendas en terrenos contaminados, calificando el proyecto como inviable.