El Ayuntamiento de Lorca derribará 6 trasteros en el barrio de San Cristóbal convertidos en infraviviendas

Lorca

El ayuntamiento de Lorca derribará de oficio seis trasteros de un bloque de pisos del barrio de San Cristóbal que han sido convertidos en infraviviendas de alquiler y repercutirá el coste de la operación a su propietario, que además será sancionado por infringir la ordenanza reguladora del padrón municipal.

Lo ha anunciado la concejala de Control del Padrón, Belén Pérez, que ha explicado que los seis trasteros, situados en la azotea del edificio, pertenecen a un mismo propietario que los ha reconvertido en dos viviendas ocupadas un número indeterminado de personas en condiciones de insalubridad.

Una denuncia anónima a la Unidad del Control del Padrón puso al ayuntamiento sobre la pista de estas infraviviendas y tras la verificación de los hechos y la correspondiente apertura de los expedientes sancionadores, el ayuntamiento dictó una orden de demolición que el propietario ha incumplido en el plazo establecido.

Ahora, el consistorio ha activado frente a ese propietario los mecanismos para la ejecución forzosa y procederá al derribo, aunque como los trasteros están ocupados solicitará de forma previa la pertinente autorización judicial para el desalojo.

Pérez ha dicho que el propietario tendrá que abonar una multa de 1.300 euros más los costes de demolición de todos los trasteros.

La concejala ha anticipado también que, del mismo modo, será derribada de oficio una vivienda situada en la parcela en la que se construirá el futuro centro de salud del barrio de San Cristóbal que ha sido transformada también de forma ilegal en infravivienda y que, además, dificulta el desarrollo del proyecto urbanístico de la zona.

En este caso el propietario también ha incumplido la orden municipal de derribo y, como en el anterior, el ayuntamiento lo ejecutará trasladando después los costes al dueño de la casa, que junto a la multa pagará 15.800 euros por la demolición.

También en este inmueble los inquilinos siguen viviendo en el interior, por lo que el consistorio ha reclamado la orden judicial de desalojo.