La Región activa su nueva Ley de Simplificación Administrativa para impulsar agilidad, digitalización y transparencia
La norma ya está en vigor y unifica más de una década de reformas, con medidas que reducen trámites, aceleran licencias y refuerzan la seguridad jurídica
02/04/2020 Imagen de Marisa López Aragón ECONOMIA ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA GOBIERNO REGIONAL / GOBIERNO REGIONAL
MURCIA
La Región de Murcia cuenta desde este mes de julio con una nueva Ley de Simplificación Administrativa, la cuarta en su historia, que ya está plenamente en vigor tras su convalidación por la Asamblea Regional. Aunque el texto inicia ahora su recorrido parlamentario para posibles enmiendas, sus efectos ya se están desplegando en la gestión pública.
La norma establece un modelo basado en la agilidad, la digitalización y la transparencia, consolidando más de diez años de reformas en materia de modernización administrativa. “Es una apuesta por la economía real, por la inversión y por el empleo”, ha destacado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.
Entre las principales novedades se incluyen la generalización del silencio administrativo positivo, la ampliación del uso de declaraciones responsables y la posibilidad de que técnicos acreditados certifiquen requisitos, lo que agiliza la labor de la Administración. También se introduce una licencia básica urbanística para acelerar la construcción de viviendas con garantías legales y medioambientales.
La ley impulsa además la Carpeta Empresarial, una ventanilla única digital que permitirá eliminar más de un millón de documentos, con un ahorro estimado de seis millones de euros. “Queremos que ciudadanos, autónomos y empresarios dediquen menos tiempo a la burocracia y más a crear riqueza”, ha subrayado López Aragón.
La consejera ha recordado que medidas previas ya integradas en esta ley han permitido reducir en más del 50% los plazos en proyectos estratégicos como ampliaciones industriales, plantas de energía renovable o residencias de mayores.
En cuanto a la seguridad jurídica, la ley mantiene y refuerza los estándares de calidad, protección ambiental y derechos ciudadanos, gracias a la trazabilidad digital. Además, establece un régimen sancionador con multas de hasta 600.000 euros por infracciones graves en certificaciones o declaraciones responsables.
“Es una norma viva, que seguirá perfeccionándose, pero que ya ha dado un paso decisivo hacia una Región más competitiva y cercana a sus ciudadanos”, ha concluido la consejera.
