"Descarrila principios constitucionales": un abogado analiza el veto en Jumilla a las celebraciones musulmanas en polideportivos

Cartagena

La decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir celebraciones religiosas musulmanas en los pabellones deportivos ha encendido el debate político y jurídico en toda la Región de Murcia. Lo que comenzó como una moción de Vox, modificada y aprobada por el Partido Popular, ha terminado excluyendo actos como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero, que congregaban a cientos de vecinos en espacios municipales. Aunque el texto final evita mencionar explícitamente a la comunidad musulmana, el contexto y las declaraciones oficiales "han dejado clara la intencionalidad de la medida" según el abogado José Muelas.

El PP defiende que la enmienda busca preservar el carácter deportivo de las instalaciones, pero juristas, colectivos sociales y representantes del Gobierno central advierten que se está vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa, recogido en el artículo 16 de la Constitución Española. Sin embargo, el exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena, ha sido especialmente crítico, señalando que esta decisión “descarrila principios constitucionales” y "convierte la religión en un instrumento político". Muelas considera que el cambio en el texto, que eliminó la mención directa al islam, no oculta su verdadera intención: “Cuando se modifica una moción para que no parezca lo que es, se está reconociendo implícitamente que lo que se quiere hacer no se puede decir abiertamente”.

Además, Muelas advierte que este tipo de decisiones pueden tener consecuencias jurídicas graves, ya que “jugar con los principios fundamentales del Estado de Derecho es peligroso”. En referencia a otros casos recientes, como el de Torre Pacheco, señala que aunque ciertos hechos nos puedan horrorizar, “todo está justificado y fundamentado en el Código Penal”. Para él, endurecer las penas no es la solución, y critica la reacción de algunos políticos que, según dice, “no entienden el funcionamiento del sistema jurídico”.

La comunidad musulmana ha reaccionado con indignación. Walid Habbal, coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, lamenta que no se haya buscado una solución dialogada y advierte que esta exclusión puede generar rechazo entre los jóvenes musulmanes, que ven cómo sus tradiciones son marginadas en espacios públicos. “Queremos que nuestros hijos se sientan identificados con sus culturas, con sus fiestas, y que lo hagan de forma natural, sin complejos”, declaró.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha activado un grupo de seguimiento para detectar posibles discursos de odio derivados de esta medida, a través del Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). La ministra Elma Saiz ha expresado su preocupación por el impacto social de la decisión y ha recordado que la libertad religiosa es un derecho que no puede ser condicionado por criterios políticos o ideológicos.

La polémica en Jumilla no solo ha puesto en cuestión el uso de espacios públicos, sino que ha reabierto el debate sobre la convivencia, la diversidad cultural y el respeto a los derechos fundamentales en una sociedad plural. Juristas y colectivos sociales coinciden en que este tipo de medidas pueden sentar precedentes peligrosos si no se abordan con responsabilidad institucional.