Colectivos sociales de la Región de Murcia temen que Jumilla se convierta en "un laboratorio del apartheid social en España"

Región de Murcia

Los colectivos que conforman las Marchas de la Dignidad en la Región de Murcia temen que Jumilla se convierta en un "laboratorio del apartheid social en España". Mediante un comunicado, han asegurado que lo sucedido en este municipio de la Región durante esta semana, al aprobarse, por parte de Vox y PP, una moción para elaborar una normativa que prohíba el uso del polideportivo municipal para celebraciones religiosas, "no es un caso aislado" sino que "responde a una estrategia de ensayo por parte de Vox para normalizar políticas de segregación", ya que este lugar es donde la comunidad musulmana del municipio realiza sus rezos colectivos dos días al año.

Consideran que esta moción "identifica a una minoría como problema y la excluye del uso del espacio público". Estos colectivos critican que se justifique la exclusión con argumentos "técnicos" o "neutros" y afirman que lo que se busca es "generar un precedente legal y social exportable a otros municipios".

Lo sucedido esta semana en Jumilla y los hechos ocurridos en Torre Pacheco "alimentan el discurso de odio y profundizan las fracturas sociales, en lugar de promover la convivencia", han asegurado.

Para estos colectivos "las medidas impulsadas por el PP en la Región de Murcia contra la inmigración no solo criminalizan a las personas migrantes, sino que atacan directamente su derecho a vivir con dignidad". Así, han hecho referencia al "cierre de centros de menores, la retirada de fondos a ONG que ayudan a personas en situación irregular, y la negativa a programas educativos de lengua y cultura árabe evidencian un enfoque que estigmatiza y discrimina a comunidades concretas por su origen, reforzando discursos y políticas racistas".

Asimismo, consideran que "defender el derecho de la comunidad musulmana de Jumilla a rezar en el polideportivo es defender la democracia, el Estado de derecho y la igualdad ante la ley.

Piden la revocación "inmediata" de la normativa aprobada; que se garantice el acceso equitativo a espacios públicos para todas las confesiones y comunidades; y un "pronunciamiento claro" de las instituciones autonómicas y estatales contra este tipo de políticas de segregación.