La Comunidad alerta de que el recorte de las aguas subterráneas destruirá más de 20.500 empleos en la Región

MURCIA

El portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, ha advertido este jueves que la prohibición del uso de acuíferos en la cuenca del Segura y el recorte del 50 % del Trasvase Tajo-Segura destinado al regadío podrían provocar la destrucción de más de 20.500 empleos en la Región.

Así lo recoge un informe del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, presentado al Consejo de Gobierno por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. El estudio cifra en 680 millones de euros anuales las pérdidas económicas que sufriría la Región, lo que representa el 82,4 % del impacto total en la demarcación hidrográfica.

En términos agrícolas, la clausura de los pozos supondría la pérdida de 28.702 hectáreas de regadío, el 16,5 % de la superficie actual con aguas subterráneas. A esto se suma la reducción de caudales del Trasvase, lo que, según el Ejecutivo murciano, representa “un golpe sin precedentes para el futuro de la agricultura y la economía regional”.

El Gobierno regional reclama al Estado alternativas urgentes y nuevas infraestructuras hídricas, como la conexión Júcar-Vinalopó, especialmente para el Altiplano, una de las comarcas más afectadas por el cierre de pozos.

Lucas Jiménez (SCRATS): “Nos recortan 316 hectómetros y nos ofrecen solo 38: así no se salva el regadío”

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha denunciado este jueves las graves consecuencias que tendrá el recorte en el uso de aguas subterráneas previsto para 2027 en el Plan Hidrológico del Segura. Según un informe de la Universidad de Alicante, más de 40.000 hectáreas de explotaciones agrarias desaparecerán, de las cuales 28.702 están en la Región de Murcia.

Jiménez ha vuelto a advertir sobre la “pinza” que forman los recortes al Trasvase Tajo-Segura y a las aguas subterráneas, que suman 316,7 hectómetros cúbicos, mientras que el plan solo contempla 38 hectómetros de aumento en desalación. “Pretenden zanjar una herida tan profunda con una tirita ínfima”, ha criticado.

El presidente del SCRATS ha anunciado que el sindicato presentará en breve un informe detallado sobre el impacto económico de estas medidas en las regiones del Levante, e insta al Gobierno de España a paralizar de inmediato los recortes, especialmente el del Trasvase, que califica de “decisión política”.

“Se está jugando con el pan de la gente y con el futuro de un sector que sigue empeñado en producir alimentos de calidad a precios competitivos”, ha afirmado. También ha llamado a la unidad de los representantes políticos y sociales del Levante para frenar estas decisiones, que considera marcadas por intereses partidistas.

Jiménez ha sido tajante: “El recorte de las aguas subterráneas es inaceptable si no existen recursos alternativos que lleguen a todas las zonas afectadas con costes asumibles. Otro camino no será admitido por el sector primario, ni por el agrícola ni por el ganadero”.