El fiscal superior de Murcia alerta del aumento de delitos de odio y del acceso precoz a Internet entre menores

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, mostrado su preocupación por el incremento de los delitos de odio en la comunidad, especialmente entre los más jóvenes. "Me preocupa como ciudadano, como fiscal y como padre", por el acceso cada vez más temprano a Internet y redes sociales está facilitando conductas discriminatorias y violentas.

Díaz Manzanera ha destacado que, aunque la responsabilidad penal se exige a partir de los 14 años, ya se están detectando comportamientos preocupantes en menores de edad aún no imputables. "La insistencia de los niños por tener un smartphone desde edades muy tempranas está generando un problema serio". Además de reclamar una ley nacional que limite el acceso a Internet en la infancia.

En cuanto a los delitos de odio, el fiscal ha señalado que, aunque el número de casos no es aún elevado, sí se ha duplicado respecto al año anterior, alcanzando los 25 asuntos. "Se están generalizando, sobre todo a través de redes sociales y medios de comunicación". Ha recordado que estos delitos afectan a colectivos por motivos de raza, orientación sexual, discapacidad o ideología.

Díaz Manzanera también se ha referido a los hechos ocurridos en Torre Pacheco en julio, que motivaron una llamada pública a la prudencia, el respeto y el cumplimiento del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución. "Todos los ciudadanos debemos cumplirlo, y quienes ejercemos funciones públicas aún más".

El fiscal ha reconocido que la lentitud en la tramitación judicial, provocada por la falta de medios personales, puede derivar en atenuantes que rebajan las penas. "Si se duplicasen las plantillas de jueces, fiscales y funcionarios, los señalamientos no se irían tan lejos en el tiempo".

Además, ha puesto en valor el papel de la Fiscalía en la protección del medio ambiente, con procedimientos que han derivado en sanciones económicas y un descenso notable en las denuncias por parte de la administración autonómica y la Confederación Hidrográfica del Segura.