El abogado de las víctimas del incendio de Atalayas pide nuevas diligencias y que se investigue al Ayuntamiento
José Manuel Muñoz considera que la ampliación de la instrucción tres meses más no debe ser un cierre anticipado y reclama que se depuren responsabilidades también en el ámbito municipal
MURCIA, 03/10/2023.- Agentes de la Policía Judicial acceden a la discoteca Fonda Milagros mientras realizan labores de investigación en las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia este martes, tras el incendio declarado la madrugada del pasado domingo y que costó la vida de trece personas. EFE/Juan Carlos Caval / Juan Carlos Caval (EFE)
MURCIA
A punto de cumplirse dos años del trágico incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia, que dejó 13 víctimas mortales, el abogado José Manuel Muñoz, representante legal de tres de las familias afectadas, ha valorado la reciente decisión judicial de ampliar la instrucción del caso tres meses más, hasta enero de 2026.
Muñoz ha señalado que esta prórroga “no debe interpretarse como una fecha de cierre definitiva”, sino como un plazo orientativo que dependerá de si surgen nuevas diligencias.
“Mientras haya diligencias que practicar, no tiene por qué cerrarse el procedimiento”, ha afirmado, dejando claro que el proceso sigue abierto a nuevas líneas de investigación.
El letrado ha lamentado que todavía no se ha recibido respuesta a la última petición presentada por su equipo, en la que se solicita que se abra una investigación sobre la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia en la tragedia. Esta solicitud se basa en el informe de una arquitecta designada por la propia jueza, que señala deficiencias estructurales en la edificación.
“Si se ha considerado que el ingeniero que hizo las últimas modificaciones del proyecto puede ser responsable, también deben investigarse a los otros ingenieros y arquitectos que actuaron previamente”, ha defendido Muñoz. En su opinión, existen elementos suficientes para ampliar el foco de la investigación y determinar si hubo negligencia por parte de técnicos y responsables municipales.
El abogado insiste en que el proyecto que dividió la nave en dos discotecas —una de las cuales, Fonda Milagros, no contaba con licencia— fue aprobado por el Ayuntamiento a pesar de contener irregularidades graves en materia de seguridad. Además, recuerda que existía una orden de cese de actividad desde enero de 2022 que nunca llegó a ejecutarse.
Las familias de las víctimas consideran que la administración local no puede quedar al margen de una tragedia que, según sostienen, podría haberse evitado si se hubieran cumplido las normativas y actuado con diligencia.
