La Audiencia rechaza abrir una pieza separada para investigar al Ayuntamiento de Murcia en la causa del incendio de Atalayas

Murcia

La Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado la petición de investigar la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia en el incendio de las dos discotecas en la zona de ocio de Atalayas en las que fallecieron 13 personas el 1 de octubre de 2023.

Incluir a los responsables municipales en la investigación judicial de esta tragedia era una de las reivindicaciones principales para los familiares de los fallecidos, que ayer reiteraron esa petición en una concentración en la Ciudad de la Justicia con motivo del segundo aniversario del incendio.

Los abogados de las víctimas solicitaron esta cuestión al juzgado de instrucción número 3, que la rechazó, por lo que fue recurrido ante la Audiencia Provincial de Murcia, que también desestima ahora la petición.

Según han informado fuentes de Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), la Sala Segunda de la Audiencia desestima todos los recursos de apelación interpuestos en los que se solicitaba la apertura de una pieza separada para investigar un presunto delito de prevaricación para los responsables municipales, por haber permitido que las discotecas siguieran abiertas pese a tener una orden de cierre en vigor y numerosos incumplimientos en materia de seguridad.

La Audiencia explica en tres autos notificados hoy que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la formación de piezas separadas “únicamente en los casos de delitos conexos” y concluye que en este caso no existe esa conexión entre la investigación judicial que hay en curso, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, y un hipotético delito de prevaricación administrativa.

Así, insiste en que se trata de “una cuestión estrictamente procesal”, porque no se cumple con ninguno de los supuestos de conexidad previstos por la ley, que acota estrictamente los casos en los que se pueden abrir piezas separadas.

El tribunal remarca en sus autos de que no es posible “establecer en términos razonables una relación jurídico penal conexa entre un presunto delito de homicidio por imprudencia grave”, que es el que se está investigando y se refiere al resultado del incendio con los trece fallecidos, con otro presunto delito de prevaricación de autoridades o funcionarios públicos por el supuesto “dictado de resoluciones arbitrarias en asunto administrativo”.

Esa conexión, considera la sala, solo se podría hacer “acudiendo a interpretaciones fácticas y jurídicas extraordinariamente forzadas y ajenas por completo a las reglas y garantías esenciales del proceso penal”.

Por este motivo, el tribunal ha rechazado la petición de abrir una pieza separada y confirma la decisión del Juzgado de Instrucción número 3, que ya había desestimado en dos ocasiones la petición, y el auto de la Audiencia es firme y contra él no cabe recurso