El Gobierno lleva esta semana a los tribunales el veto a los rezos islámicos aprobado por el Ayuntamiento de Jumilla

MURCIA

El Gobierno de España presentará esta semana un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Jumilla que prohíbe el uso de instalaciones municipales para celebraciones religiosas, una medida que afecta directamente a los rezos islámicos que se venían realizando en el polideportivo local.

La iniciativa fue aprobada el pasado mes de agosto con los votos a favor del Partido Popular y Vox. El texto final modificó una moción inicial de Vox que pedía prohibir expresamente los rezos islámicos en espacios públicos. Aunque el acuerdo se presentó como una norma general para evitar cualquier uso religioso de instalaciones deportivas, su aplicación ha tenido un impacto directo sobre la comunidad musulmana local, que utilizaba el polideportivo para sus oraciones colectivas.

Desde su aprobación, el acuerdo generó una fuerte polémica tanto a nivel local como nacional. Diversas organizaciones sociales y religiosas denunciaron la medida como discriminatoria, mientras que el Gobierno central comenzó a estudiar su posible inconstitucionalidad.

El Ejecutivo central considera que el acuerdo vulnera el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa, así como el principio de neutralidad de los poderes públicos. El requerimiento previo se envió durante el verano al consistorio jumillano, y ante la falta de respuesta, el Ministerio de Política Territorial opta por la vía de lo contencioso-administrativo.

Desde Moncloa vienen advirtiendo que la medida supone una “desviación de poder con fines ideológicos” y que excluye de facto a una confesión minoritaria sin ofrecer alternativas ni justificar incompatibilidades funcionales. “Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que mine derechos y libertades e introduzca a España en una dinámica autoritaria”, han señalado fuentes gubernamentales.

Desde el PP defienden el acuerdo como una medida de “neutralidad institucional” y acusan al Ejecutivo de “instrumentalizar la religión con fines partidistas”. Por su parte, el PSOE califica la moción como “sectaria y excluyente”, y respalda la impugnación como una defensa de los derechos fundamentales.

Según fuentes municipales consultadas por la Cadena SER, la modificación de la ordenanza para prohibir el uso de instalaciones deportivas municipales para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al consistorio -y objeto de la moción aprobada-, no se ha realizado. El ayuntamiento había solicitado un informe jurídico a la Comunidad Autónoma para evaluar la legalidad del acuerdo de pleno.

Ortuño dice que la Comunidad "no tiene competencia" para pedir a Jumilla retirar la moción de espacios deportivos

El portavoz del ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha asegurado que "la Comunidad Autónoma emitió un informe que determina que no tiene competencia para indicar si el Ayuntamiento de Jumilla debe aceptar o no el requerimiento de la Delegación del Gobierno", en referencia a la presentación por parte del Gobierno de un recurso contencioso-administrativo contra la moción del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir el uso de espacios deportivos para actividades no organizadas por el consistorio y que impide así la realización de rezos islámicos.

El caso de Jumilla se convirtió este verano pasado en un nuevo foco de tensión sobre el papel de las confesiones religiosas en el espacio público y la gestión municipal de la diversidad cultural. La resolución judicial marcará un precedente sobre los límites de la autonomía local frente a los derechos constitucionales.