Valcárcel comparece como testigo en el juicio por el caso Novo Carthago

MURCIA

El expresidente del Gobierno de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, acaba de llegar a la Audiencia Provincial de Murcia para declarar como testigo en el juicio del caso Novo Carthago, que se celebra desde finales de septiembre.

El proceso judicial investiga la presunta recalificación ilegal de terrenos protegidos en el entorno del Mar Menor para permitir la construcción de una macrourbanización de más de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf.

Valcárcel, que presidió la Comunidad Autónoma entre 1995 y 2014, no figura entre los acusados, aunque en fases iniciales de la instrucción fue señalado por los jueces como figura clave en la tramitación del proyecto. Su testimonio se considera relevante para esclarecer el papel del Ejecutivo regional en la modificación de instrumentos de ordenación como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que permitieron la reclasificación de suelos incluidos en la Red Natura 2000.

En el banquillo de los acusados se sientan siete ex altos cargos de los gobiernos de Valcárcel, entre ellos los exconsejeros Antonio Cerdá (Agricultura y Medio Ambiente) y Joaquín Bascuñana (Obras Públicas), además de asesores jurídicos y técnicos de la administración regional. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, con penas que van desde la inhabilitación hasta los tres años y medio de prisión.

El juicio, que comenzó el pasado 29 de septiembre, se prolongará hasta el 11 de noviembre con una veintena de sesiones. Está presidido por el magistrado Álvaro Castaño Penalva, quien también será el ponente de la sentencia.

Otra causa pendiente: la desaladora de Escombreras

Valcárcel tiene pendiente un juicio por presunta corrupción en la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras, en Cartagena. La Audiencia Provincial ha fijado el inicio del juicio oral para septiembre de 2027, con 21 sesiones previstas y la comparecencia de unos 80 testigos.

La Fiscalía solicita para el expresidente penas que suman 11 años y medio de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial por delitos de prevaricación continuada, fraude y malversación de caudales públicos. La acusación popular eleva la petición a 15 años de cárcel. El contrato de arrendamiento de la planta, adjudicado sin publicidad, supuso un perjuicio estimado de 74 millones de euros para las arcas públicas.