Lucas Jiménez carga contra la gestión del MITECO tras la sentencia: “La vergüenza no es jurídica, es política”

Cartagena

“Acatar no significa callar.” Con esa frase, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, marcó su postura tras la sentencia del Tribunal Supremo que avala los planes hidrológicos del MITECO. Jiménez aseguró que los regantes respetan la decisión judicial, pero denunció que las medidas del Ministerio suponen “un retroceso político” que perjudica gravemente al sureste español y que, en ningún caso, pueden interpretarse como un respaldo político a la actuación del Gobierno.

El dirigente del SCRATS insistió en que la resolución del Supremo se limita al ámbito jurídico y no avala las consecuencias sociales, económicas y territoriales de la política hídrica ejecutada por el Ministerio para la Transición Ecológica. “La sentencia es legal, pero no es justa para una parte del país”, señaló, subrayando que el fallo abre un debate técnico, pero no cierra el conflicto político en torno al agua.

Jiménez quiso dejar claro que su crítica no se dirige contra el Tribunal Supremo, “en cuya independencia creemos ciegamente”, sino contra el Ministerio, al que acusa de aplicar decisiones que “ponen en riesgo el futuro de comarcas enteras”. Aseguró sentir “vergüenza” por una actuación política que, según afirmó, afecta a miles de familias, agricultores y sectores estratégicos de regiones como Murcia, Alicante y Almería, generando desigualdad territorial.

El presidente de los regantes recordó que este año el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta para blindar el trasvase Tajo-Segura, una votación que califica de legal pero “profundamente injusta”, al haber sido dirigida por el entonces secretario general del PSOE, Santos Cerdán, investigado por presunta corrupción. “Diputados del Partido Socialista de provincias afectadas votaron en contra del acceso al agua de sus propias regiones. ¿Fue legal? Sí. ¿Fue justo? No”, afirmó.

Pese a la sentencia, Lucas Jiménez aseguró que los regantes continuarán su batalla en los tribunales y en las instituciones, recordando que quedan otras demandas pendientes de resolución, incluida la presentada por el SCRATS. “Acatar no significa compartir. Seguiremos defendiendo el trasvase por las vías legales y democráticas, porque lo que está en juego no es solo un recurso, es la supervivencia de un territorio que también es España”, concluyó.