El fiscal europeo cree que "se debe huir del debate perverso de cuestionar las decisiones judiciales que no están en nuestra línea de pensamiento"

Murcia

De Lucas ha señalado que la Fiscalía europea, pese a ser una institución joven, aspira a crecer y ser eficaz, trasladando confianza a la ciudadania sobre el sistema de justicia.

De Lucas ha reconocido que hay una falta de confianza en la justicia por parte de la sociedad que, en parte, está motivada por esa continua sospecha de falta de independencia, que ha crecido en los últimos años debido a que personajes públicos la cuestionan cuando los jueces toman decisiones que no favorecen a determinados sectores o partidos políticos.

Ha señalado el fiscal europeo que “no le hacemos ningún bien, ni a las instituciones ni al estado de derecho, si cuestionamos cada vez que una decisión judicial no es acorde con nuestros intereses.. Cuando uno no está de acuerdo con una resolución, la puede recurrir. Pero esos relatos de falta de independencia socavan las instituciones y socavan la confianza de los ciudadanos”.

Ha criticado también duramente la tendencia a cuestionar decisiones judiciales tachándolas como casos del denominado “lawfare”, el uso de mecanismos judiciales para generar escándalo mediático y dañar la reputación de adversarios políticos.

“Algunos se han empeñado en generar un relato de "lawfare" interesadamente y, desgraciadamente, hay una línea de pensamiento y de opinión que ha trasladado ese relato a la sociedad, pero me parece muy desafortunado”, ha opinado, y ha reiterado su confianza en la independencia judicial.

En el caso de la fiscalía europea, las investigaciones están dirigidas por los propios fiscales, en línea con la modificación aprobada este martes por el Consejo de Ministros para que sean estos profesionales los que puedan dirigir investigaciones penales.

Es un modelo, ha señalado De Lucas, que ya tienen numerosos países europeos, y que en el caso de la Fiscalía Europea se ha demostrado que funciona

En el caso de la Fiscalía Europea, hay 24 fiscales europeos, uno por cada estado miembro, a los que se suman otros fiscales delegados de cada país, siete en el caso de España y, añade, se necesitarían dos más.

El reto, ha dicho, es llevar a juicio a los responsables de la defraudación y recuperar el dinero. De hecho, el número de investigaciones por fraude de IVA, blanqueo de capitales y delincuencia organizada se ha triplicado en dos años.