MC Cartagena exige la dimisión de Arroyo tras la sentencia que declara ilegales los decretos con los que accedió a la alcaldía la pasada legislatura

Cartagena

El portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha reclamado este jueves la dimisión de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo (PP), después de que el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena haya declarado ilegales los decretos mediante los cuales se otorgaron competencias, designaciones y retribuciones a los concejales tránsfugas del PSOE que permitieron su acceso a la alcaldía en 2021.

Según Giménez Gallo, la sentencia 129/2025 “confirma que Arroyo compró su Alcaldía con dinero público”, al vulnerar el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y la doctrina del Tribunal Supremo de octubre de 2020, que impide otorgar cargos o retribuciones especiales a los concejales que abandonan su grupo municipal.

El portavoz de MC ha recordado que su formación ya advirtió en 2021 de que aquella maniobra “convertía en ilegal el gobierno de Cartagena”, y ha subrayado que “los concejales tránsfugas no podían tener cargos ni salarios distintos a los de su grupo original”.

Giménez Gallo considera que, tras esta resolución judicial, Arroyo debe comparecer públicamente, asumir su error, pedir perdón a los cartageneros y presentar su dimisión, tal y como —según ha recordado— hizo Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana en una situación similar. “Todo lo que alargue esta situación solo confirmará su falta de ética y su desprecio por la institución”, ha señalado.

El líder de MC ha calificado la actuación del gobierno local del PP como “corrupción política institucionalizada”, al haber anulado el juzgado tres decretos firmados por Arroyo, lo que además conlleva la condena en costas al Ayuntamiento.

Finalmente, el portavoz cartagenerista ha instado a la alcaldesa a “agachar la cabeza, reconocer lo que ha hecho y marcharse por la puerta de atrás”, al considerar que “Cartagena no tiene alcaldesa, sino una corrupta”, en alusión a las conclusiones de la sentencia.

Una de las consecuencias, según Giménez Gallo, podría acarrear que las multas impuestas entre junio de 2021 y julio de 2023 podrían ser nulas de pleno derecho, al estar firmadas por un concejal tránsfuga. “Los cartageneros podrían incluso verse obligados a reclamar lo que se les cobró ilegalmente”, ha recalcado, advirtiendo de que “Arroyo ha dejado un Ayuntamiento en riesgo jurídico y moral”.