Un juzgado de Cartagena declara nulo el nombramiento de Castejón y el resto de concejales expulsados del PSOE por transfuguismo

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena ha estimado el recurso interpuesto por José López Martínez, exconcejal y portavoz del grupo municipal Movimiento Ciudadano de Cartagena, contra los nombramientos a concejales expulsados del PSOE, tras pactar Ana Belén Castejón el gobierno de esta ciudad con Noelia Arroyo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Radio Murcia Cadena SER, dictada por el magistrado Fernando Romero Medel, declara la nulidad de dichos actos administrativos por vulnerar el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que limita los derechos políticos y económicos de los concejales no adscritos.

Según Romero, "los actos impugnados habrían supuesto una mejora de las situaciones personales, políticas y económicas de los concejales no adscritos en contra de la citada sentencia del Tribunal Supremo". Además, el fallo considera que los nombramientos realizados en 2021 a favor de los ediles expulsados del PSOE constituyen un caso claro de transfuguismo, al haber sido designados para cargos de gobierno tras abandonar su formación política.

Asimismo, aclara que "en el momento en que se les nombró como concejales delegados ya eran concejales no adscritos. Por tanto, sus poderes debían quedar circunscritos a los que la jurisprudencia indica que pueden tener este tipo de concejales". Los concejales expulsados fueron, además de Ana Belén Castejón, Juan Pedro Torralba Villada; María Irene Ruiz Roca; David Martínez Noguera; María Mercedes García Gómez y Alejandra Gutiérrez Pardo.

En cuanto al papel de la dirección del PSOE, el auto explica que los concejales se apartaron del criterio de los órganos competentes de su partido, y por ello fueron expulsados, de modo que su nombramiento como concejales delegados les supuso un incremento de sus poderes políticos y económicos".

La sentencia impone además las costas procesales al Ayuntamiento de Cartagena, aunque limitadas a 500 euros por la complejidad del procedimiento. Lo que falta por dilucidar es qué ocurrirá con las decisiones tomadas durante esos años de gobierno.