Cartagena, “la gran base peninsular de inmigración”: el PP reclama respuestas al Gobierno

Cartagena

El Partido Popular ha vuelto a poner el foco sobre el campamento de migrantes del antiguo Hospital Naval de Cartagena, denunciando que el recinto, abierto por el Gobierno central “de manera unilateral”, se ha convertido en una “macroinstalación improvisada” que ya acoge a más de 1.500 personas.

El portavoz del PP en Cartagena, Nacho Jáudenes, aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez abrió el campamento “con mentiras y sin transparencia”, recordando que “nos dijeron que sería una medida temporal de seis meses y nos mintieron”. Añadió que el Ministerio de Migraciones “intentó ejecutar obras sin permisos urbanísticos y levantó carpas en una zona inundable que no cumple con la normativa de seguridad”.

Por su parte, el senador Francisco Bernabé anunció que el Partido Popular ha registrado una decena de preguntas parlamentarias en el Congreso y el Senado “para exigir explicaciones de una vez por todas”. Entre ellas, reclaman saber “por qué Cartagena se ha convertido en la principal base peninsular de acogida de inmigrantes, mientras que otras ciudades, incluso más grandes, no asumen esa carga”.

Bernabé también pidió aclaraciones sobre los procedimientos de identificación y la tutela de los menores alojados en el recinto. “Queremos saber si el Gobierno está garantizando la seguridad, si se verifican correctamente las edades y si existen medios suficientes para proteger a los menores”, apuntó.

Desde el PP insisten en que este asunto “no es político, sino una cuestión de derechos humanos y de seguridad ciudadana”. No obstante, Bernabé cargó contra el Ejecutivo de Sánchez por lo que calificó de “trato discriminatorio hacia Cartagena”. “El Gobierno castiga a Cartagena porque sabe que aquí nunca ganará unas elecciones. Lo que ningún cartagenero puede hacer urbanísticamente, Sánchez lo hace porque le da la gana”, denunció.

Los populares recordaron que el Ayuntamiento ya ha presentado requerimientos y recursos judiciales para exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística en el antiguo Hospital Naval, y advirtieron que continuarán su ofensiva institucional “hasta que el Gobierno dé explicaciones claras y soluciones efectivas”.