Murcia y Valencia insisten en cuestionar la gestión hídrica del Tajo y defienden que el problema es la ineficiencia y no el trasvase hacia el Levante español

Murcia

La sede la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia ha sido el lugar en el que la consejera murciana, Sara Rubira, ha recibido a su homólogo de la comunidad valenciana, Miguel Barrachina y al presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, para hacer un frente común contra la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de aprobar las nuevas reglas de explotación del acueducto.

Los tres han hablado sobre el informe que han elaborado, junto a Andalucía, y que pone en entredicho la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La consejera murciana, por ejemplo, ha criticado la falta de modernización en la cabecera del Tajo ya que se pierden hasta 100 hectómetros cúbicos anuales, el mismo volumen que se pretende recortar al trasvase.

También han criticado opacidad en la gestión de embalses y caudales, sin criterios técnicos claros para fijar caudales ecológicos y han alertado de que 4,2 millones de personas dependen del trasvase para consumo humano y agricultura.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "sirvientes" en lugar de regantes.

Las comunidades implicadas y los regantes del sindicato piden la paralización paralización de las nuevas normas de explotación, inversiones urgentes en modernización de regadíos en la cuenca del Tajo y un diálogo técnico y político para garantizar un reparto justo del agua.

Insisten en que el problema del Tajo no es el trasvase, sino la falta de eficiencia en su propia gestión.