En el nombre de hoy, con José Miguel Rojo: 'El fallo'

Murcia

En el nombre de hoy, 24 de noviembre, hablamos de la crisis de la justicia en España. El Poder Judicial se ha convertido, por completo, en una extensión más de la batalla partidista y ya es posible predecir con exactitud los fallos de los tribunales según el equilibrio entre progresistas y conservadores que haya en una determinada sala. Así, la justicia queda reducida a una herramienta más del conflicto partidista, y se subordina a él y a sus intereses. Aunque la independencia judicial siempre fue en España un anhelo casi romántico, los sucesos de los últimos años han convertido a las togas en la vía más efectiva para hacer oposición al gobierno de turno, sea del color que sea. La ciega justicia se pone las gafas militantes para sumergirse en el nihilismo del Derecho como ciencia inexacta, interpretable, cambiante.

En nuestro sistema, los jueces no emanan de un proceso electoral, sino de un proceso de selección basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero condicionado por sesgos de clase. Estados Unidos y México son, si me lo permiten, algo más honestos que nosotros. Los jueces son elegidos por voto popular y responden ante la ciudadanía. El propio Tribunal Supremo norteamericano está compuesto por magistrados nominados por el presidente de la nación. Es indiscutible y evidente su afiliación política y nadie hace uso de una pose de independencia. Por extraordinaria e inapropiada que parezca la práctica de elección política o popular de los jueces, al menos hace transparente la realidad de este poder: la interpretación de las leyes y la garantía de su cumplimiento son funciones condicionadas por la propia ideología de quien está llamado a emitir sentencias o a instruir procesos. Negar estos sesgos, especialmente en sociedades ultrapolarizadas donde todo el mundo debe tomar posición por un lado de la trinchera, tratar de hacernos creer todavía que existe algo así como una acción judicial objetiva, solo agranda la crisis de confianza que desde hace tiempo mina la credibilidad del tercer poder del Estado. Podríamos aceptar con naturalidad, entonces, que si el arte de aplicar la ley es lógicamente inseparable de los valores del juzgador, también debe estar más profundamente sometido a las mayorías sociales e ideológicas de los distintos contextos. Sin que esto, claro está, ponga en duda la capacidad discrecional de los profesionales, pero sí la someta a mayores controles democráticos para evitar que el furor partidista convierta una legítima interpretación ideológica de los hechos en un apasionado acto de servicio a la causa.

José Miguel Rojo