Un estudio del CES reclama mayor equidad en el acceso a los Servicios Sociales

Murcia

Antonio Ripollés, miembro del equipo investigador, ha señalado que la Ley de Servicios Sociales reconoce por primera vez el acceso al sistema como un derecho subjetivo, aunque advierte que la equidad en el acceso aún no está garantizada, ya que existen diferencias notables entre municipios grandes y pequeños.

El estudio concluye que para avanzar hacia un sistema más justo se requiere más inversión, profesionales, consenso y visibilidad. En ese sentido, el presidente de la Federación de Municipios, Víctor López Abenza ha reivindicado la importancia de los ayuntamientos como “primera trinchera” en la atención social y ha recordado que para hacer frente a esa falta de equidad en los municipios pequeños hay tres mancomunidades de servicios sociales.

Por su parte, Manuel Aguilar, profesor de Política Social en la Universidad de Barcelona ha destacado los retos que enfrenta el sistema, entre ellos la longevidad y la necesidad de adaptar los cuidados a una sociedad que envejece.

En el acto ha participado la consejera de política social, Conchita Ruiz ha destacado que la Región de Murcia es la quinta de España que más ha crecido en inversión en servicios sociales entre 2019 y 2024, con un crecimiento del 64,6 por ciento de su presupuesto, trece puntos por encima de la media nacional.

Desde la puesta en marcha de la ley regional de Servicios Sociales, ha dicho, se ha venido avanzando en el desarrollo de su reglamento, con el paso fundamental este año de la aprobación este año del Plan Regional de Servicios Sociales para consolidar esta normativa.

No obstante, el estudio constata que aún quedan varios aspectos importantes de la ley que no se han regulado, como la elaboración de un catálogo de prestaciones y un mapa de los servicios sociales, la implantación de condiciones mínimas y requisitos de los centros de atención primaria, la financiación compartida o la composición de equipos multidisciplinares.

La investigación evidencia además que el sistema de servicios sociales adolece de múltiples déficits que afectan a la cobertura de varias de las prestaciones garantizadas, como la ya citada desigualdad territorial y la desigualdad en el acceso y la calidad de las prestaciones en función de cada centro; la limitación en la planificación y continuidad de los programas; la falta de personal y la gran carga administrativa o la dificultad para la atención personalizada.

Estas situaciones conllevan, según el estudio, que en un amplia mayoría de los casos sea imposible hacer un seguimiento y acompañamiento individualizado.

Los déficits y carencias del sistema, incide el estudio, están principalmente relacionados por la falta de recursos económicos y financiación y por el “incremento de la cantidad, intensidad y complejidad de la situaciones de vulnerabilidad y exclusión social” que hacen que el sistema de gestión y organización de los servicios sociales quede obsoleto y con poca capacidad de respuesta.

Para mejorar el sistema, el estudio propone impulsar un mayor liderazgo de las administraciones públicas en el desarrollo y planificación de estos servicios, poniendo el foco en el aumento de los profesionales y mejorando la financiación de los centros de atención primaria, además de redefinir los programas de acogida y orientación social.

Propone asimismo desarrollar sistemas que permitan contar con una historia social única de los usuarios, accesible desde el conjunto del sistema y con toda la información actualmente dispersa, así como potenciar la coordinación entre la comunidad autónoma y los distintos sistemas y servicios de protección socia