El Tribunal de Cuentas aprueba el informe de fiscalización de la Región de Murcia de 2023

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas del sector público de la Región de Murcia correspondiente al ejercicio 2023, que analiza la situación económica, financiera y patrimonial del sector público autonómico, así como el cumplimiento de la normativa presupuestaria y contable.

Con carácter general, el Tribunal concluye que la Cuenta General de 2023 y las cuentas del resto del sector público regional reflejan "fielmente" la situación económica, financiera y patrimonial de las entidades, y que la gestión presupuestaria se ha ajustado, en términos generales, a la normativa aplicable.

No obstante, apunta que la Cuenta General solo incluye a la Administración Pública Regional y a sus organismos autónomos, quedando excluidas el resto de las entidades del sector público regional, lo que "impide ofrecer una visión conjunta del sector público".

En este sentido, el Tribunal señala la necesidad de reformar la normativa económico-presupuestaria autonómica para "avanzar hacia una información global y coherente".

En 2023, la Administración Regional gestionó créditos definitivos por 8.638 millones de euros, con obligaciones reconocidas netas de 7.808 millones y derechos reconocidos netos de 7.905 millones. El endeudamiento financiero ascendió a 12.003 millones y el resultado económico-patrimonial fue negativo en 2.472 millones de euros.

El informe pone de relieve la "elevada y estructural dependencia" de la Región de Murcia a los mecanismos extraordinarios de financiación del Estado, advirtiendo de la "incertidumbre" sobre el cumplimiento futuro de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, señala la situación del Servicio Murciano de Salud (SMS), cuyos créditos presupuestarios resultan "insuficientes" para cubrir las necesidades reales. A 31 de diciembre de 2023, el déficit acumulado pendiente de financiación ascendía a 3.724 millones de euros.

Sobre este asunto, subraya que las dotaciones presupuestarias al Servicio Murciano de Salud "resultan manifiestamente insuficientes para la prestación satisfactoria de los servicios sanitarios públicos".

El Tribunal destaca la "inviabilidad estructural" de la sociedad Desaladora de Escombreras "con pérdidas y deudas que la mantienen en causa de disolución"