La Justicia investigará al Ayuntamiento de Murcia por presunta prevaricación en el caso de las discotecas de Atalayas
MURCIA, 30/09/2024.- Un veintena de familiares de las víctimas del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia, se han concentrado esta mañana en la puerta del Ayuntamiento de Murcia con motivo del primer aniversario de la tragedia en la que fallecieron trece personas el 1 de octrubre de 2023. EFE/Marcial Guillén / Marcial Guillén (EFE)
El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha dictado una resolución por la que acuerda la incoación de diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa por parte del consistorio, tal y como venían solicitando las familias de las víctimas, personadas como acusación particular en las diligencias previas por el incendio mortal en las discotecas Teatre y Fonda Milagros.
La decisión judicial consta en una providencia de 29 de diciembre de 2025, mediante la cual la magistrada instructora ordena deducir testimonio de las querellas criminales presentadas y abrir un procedimiento penal específico e independiente para investigar los hechos relacionados con la posible prevaricación administrativa, "al no apreciar conexidad directa con el delito de homicidio por imprudencia que se investiga en la causa principal".
De este modo, la Justicia considera necesario analizar separadamente la actuación administrativa del Ayuntamiento, especialmente en lo relativo a las licencias, controles, inspecciones y actuaciones en materia urbanística, de actividades y de seguridad, que forman parte del contexto previo a la tragedia.
Además, según la defensa de las familias, de forma paralela, el mismo juzgado ha acordado una nueva prórroga del plazo máximo de instrucción de la causa principal, fijando su finalización para el 1 de abril de 2026, y justifica esta ampliación en la complejidad del procedimiento y en la existencia de diligencias de investigación esenciales aún pendientes.
Para las familias de las víctimas, la apertura de diligencias previas por presunta prevaricación administrativa supone un hito a la hora de dirimir las posibles responsabilidades, incluidas las de carácter institucional, y constituye un paso relevante en el esclarecimiento integral de los hechos, al permitir examinar si la actuación de la Administración municipal se ajustó o no a la legalidad.