MC cuestiona la viabilidad del presupuesto municipal de 2026 y alerta de una inversión mínima en Cartagena de solo 20 céntimos por habitante

Cartagena

Movimiento Ciudadano ha cuestionado duramente los presupuestos municipales para 2026 presentados por el Gobierno local que dirige la alcaldesa Noelia Arroyo, al considerar que presentan serias dudas de viabilidad y reflejan, a su juicio, problemas estructurales de gestión y planificación económica.

En una rueda de prensa, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, junto a la concejala Isabel García, expusieron las conclusiones de un primer análisis técnico de las cuentas municipales, de las que también critican las fechas en las que se han presentado.

Giménez Gallo afirmó que el presupuesto presentado es “continuista” y carece de capacidad transformadora, al tiempo que puso el foco en la dificultad para identificar el destino final de una parte relevante del gasto. En este sentido, citaban informes técnicos municipales de Intervención y Asesoría Jurídica que advierten de problemas de concreción en una parte significativa de las partidas presupuestarias.

Uno de los puntos centrales de la crítica de MC se centra en las inversiones previstas. Giménez Gallo aseguró que las inversiones reales identificadas en el presupuesto apenas alcanzan los 50.000 euros, lo que, en términos per cápita, supondría alrededor de 20 céntimos por habitante en 2026. En relación con el endeudamiento, alertaban de que desde 2019 se han pedido 55 millones de euros en préstamos.

Estas operaciones, recordaba García, requieren autorización del Ministerio de Hacienda debido a la situación financiera del Ayuntamiento. Según indicó, si no se obtienen esos permisos, el Consistorio podría ver comprometida la ejecución de obras municipales durante el próximo año.

La edil también cuestionó el volumen de inversiones anunciado por el Gobierno local, cifrado en más de 14,6 millones de euros, al señalar que una parte importante depende de financiación externa, remanentes ya comprometidos o subvenciones aún no garantizadas, así como partidas previstas de 6'5 millones de euros en multas y 1'5 por recargos.