La Región de Murcia, entre las comunidades con mayor brecha económica entre caseros e inquilinos: un 114% más de renta para los propietarios

MURCIA

La Región de Murcia se sitúa entre las comunidades con mayor desigualdad económica entre propietarios e inquilinos. Según un informe del Ministerio de Consumo, elaborado con datos oficiales, los arrendadores murcianos tienen una renta mediana de 50.779 euros, frente a los 23.702 euros de quienes viven de alquiler. Esto supone que los caseros ganan un 114% más que los inquilinos, una brecha que coloca a Murcia en el grupo de ocho comunidades donde la renta de los propietarios es ya el doble que la de los arrendatarios.

El estudio advierte que esta diferencia podría aumentar en los próximos años. Si los contratos que expiran en 2026 y 2027 se renuevan a precios de mercado, la renta mediana de los caseros murcianos subiría hasta 51.762 euros, ampliando la brecha en casi 1.000 euros adicionales y elevando el ratio de desigualdad al 118%.

El informe señala que esta situación se produce en un contexto de fuerte incremento del precio del alquiler: entre 2020 y 2025, el coste medio por metro cuadrado ha subido un 34,3% en España, pasando de 10,85 euros a 14,5, según los datos de portales inmobiliarios. En la Región, esta tendencia se traduce en una presión creciente sobre los hogares con menor renta, que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler.

Consumo alerta de que más de 600.000 contratos caducarán en 2026 y otros 400.000 en 2027, afectando a 2,7 millones de personas en todo el país. Por ello, el Ministerio estudia medidas para evitar subidas desproporcionadas, como la renovación automática con la única actualización del IPC, una fórmula que ya se aplicó durante la pandemia.

La brecha económica entre caseros e inquilinos no solo refleja desigualdad en el acceso a la vivienda, sino también en la capacidad de ahorro y estabilidad financiera. En Murcia, donde los salarios son de los más bajos del país, esta diferencia amenaza con agravar la vulnerabilidad de miles de familias si no se adoptan medidas urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna.