Todas las comunidades, salvo Cataluña, rechazan el nuevo modelo de financiación y exigen a Montero replantearlo

MURCIA

El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles en Madrid ha dejado una postura casi unánime entre las comunidades autónomas: todas, salvo Cataluña, han trasladado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central. Los consejeros consideran que la propuesta nace “viciada” por el acuerdo previo alcanzado entre el Ejecutivo y ERC, un pacto que, según denuncian, condiciona el diseño de un sistema que debería negociarse en clave multilateral.

El consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha sido uno de los más críticos. Tras más de cuatro horas de reunión, ha lamentado que Montero se haya limitado a repetir “lo mismo que presentó hace cinco días en rueda de prensa”, sin aportar métricas, datos técnicos ni soluciones objetivas al problema de financiación que afecta a la mayoría de las autonomías. “Más del 95% de las comunidades presentes hemos mostrado un rechazo frontal”, señaló, subrayando que el modelo “no soluciona nada, nace de la bilateralidad con los secesionistas y suscita un rechazo absoluto”.

Marín recuerda que la Región de Murcia continúa financiada por debajo de la media, citando datos de organismos independientes conocidos durante la reunión, y ha reclamado al Ministerio que “recapacite” y vuelva a convocar a todas las comunidades para diseñar una propuesta consensuada. Insiste en que las autonomías del Partido Popular mantienen “la mano tendida” para reformar el sistema, pero ha criticado que el Gobierno “haya optado por acuerdos bilaterales que ignoran los problemas reales del conjunto del país”.

También desde Madrid, la consejera Rocío Albert ha reiterado el rechazo frontal al modelo y ha exigido que cualquier reforma se plantee desde la multilateralidad, sin que “venga dictada por lo que decida Junqueras”. Aunque descartó acudir al Tribunal Constitucional, sí aseguró que utilizarán “todos los recursos legales” disponibles.

El debate deja claro que el nuevo modelo de financiación arranca sin apoyos entre las comunidades y con una fractura política que obliga al Gobierno central a reconsiderar su estrategia si quiere avanzar en una reforma que afecta al equilibrio territorial, la prestación de servicios públicos y la viabilidad financiera de regiones ampliamente infrafinanciadas como Murcia.

López Miras: "Que no cuenten con la Región si la propuesta supone pasar a ser los terceros peor financiados"

Ya por la mañana, el presidente López Miras ha trasladado al Gobierno central que "no cuente" con el apoyo del Ejecutivo regional si la propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica supone que los murcianos "pasen de ser los españoles peor financiados a ser los terceros".

"Si lo que han ido a ofrecernos al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es que la Región de Murcia pase de ser la comunidad peor financiada a ser la tercera comunidad autónoma peor financiada, se pueden quedar con su reforma donde ellos quieran", ha dicho.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha pedido al Ejecutivo autonómico que "analice, debata y negocie" el nuevo modelo de financiación autonómica. "Si se levantan sin negociar, sin debatir, estarían traicionando a los intereses de la Región de Murcia y --el presidente regional, Fernando López Miras-- demostraría que es una marioneta de los intereses de Feijóo", ha añadido.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado de acuerdo en, tal y como plantea el Partido Popular, destinar una parte de los fondos del sistema de financiación autonómica a la construcción de vivienda, pero con la condición de que el resto del dinero se vincule a sanidad y educación de titularidad pública.

"Estoy dispuesta a hablar de fondos finalistas, pero además de la vivienda, que los fondos vayan a la educación pública de titularidad pública y para la sanidad pública de titularidad pública", ha señalado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera