Colectivos del Mar Menor cierran filas contra la reforma de la Ley y se reservan acciones judiciales si se modifica
Tras reunirse con el delegado del Gobierno, Lucas acusa al Ejecutivo regional de “desmantelar” la protección; Pagán y Luengo tildan la propuesta de “premio al infractor” y preparan una agenda de protestas
Asociaciones y colectivos del Mar Menor convocan un acto abierto en contra de la modificación de la Ley del Mar Menor
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Los colectivos sociales y ecologistas que trabajan por la defensa y recuperación del Mar Menor han trasladado al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, su rechazo frontal a la reforma de la Ley de Protección del Mar Menor impulsada por el Grupo Popular en la Asamblea. Lucas ha asegurado, tras el encuentro, que el Gobierno de España mantiene su compromiso con inversiones que superan los 700 millones de euros —225 comprometidos—, mientras acusa al presidente regional de querer “desmantelar” una ley de consenso y de “entregar” el Mar Menor a la ultraderecha.
Desde el movimiento social, el presidente del Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, ha advertido que las asociaciones no permitirán una modificación que, a su juicio, rebaja la protección y beneficia a quienes incumplen, en especial a empresas que vulneran la normativa de nitratos.
Pagán ha avanzado que el día 21 celebrarán un acto informativo en el Moneo de Murcia como primer paso de una movilización sostenida, y subraya que, si prospera la reforma, se reservarán acciones legales contra el Gobierno regional.
En la misma línea, Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, ha calificado la propuesta de reforma como un “regalo” al sector infractor, al reducir sanciones y facilitar el acceso a subvenciones públicas pese a incumplimientos. Denuncia además que, más de cinco años después, los aspectos clave de la ley siguen sin ejecutarse, y critica la falta de avances en el plan de ordenación, retomado —dice— con el mismo documento de “avance” de hace dos años. Por ello, pide al Ejecutivo regional retirar la reforma y demostrar con hechos su compromiso con la laguna salada.
Lucas insiste en que no habrá pasos atrás en la protección del ecosistema y llama a preservar el consenso que dio origen a la ley, mientras las organizaciones sociales reclaman que cualquier cambio se someta a la participación de todos los sectores y no solo a intereses partidistas. Los colectivos advierten de que el principal problema sigue siendo la entrada de nutrientes y que la prioridad es aplicar de forma efectiva las medidas ya previstas, antes que modificar el marco sancionador vigente.
