Más de 110 millones al año para no dejar a nadie atrás: la Región refuerza su estrategia contra la pobreza

MURCIA

El Gobierno regional destina más de 110 millones de euros anuales a combatir la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia, a través de una red de actuaciones que abarcan ámbitos clave como servicios sociales, vivienda, empleo, educación y salud. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la presentación de las líneas principales de la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2026‑2028, ante la Comisión Rectora de la Pobreza.

Se trata de un órgano de participación en el que están representadas las administraciones públicas y las principales entidades sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad. “La inflación y la pérdida de poder adquisitivo han modificado los perfiles de las personas en riesgo de pobreza, lo que obliga a definir nuevas respuestas”, señala la consejera.

Con ese objetivo, el Ejecutivo autonómico ha diseñado una hoja de ruta común para mejorar la prevención, la inclusión y la integración social. La Estrategia incorpora 140 nuevas medidas y ha sido elaborada de forma coordinada con distintas administraciones y entidades sociales, como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

Ruiz ha defendido que, ante la falta de un plan estatal con soluciones estructurales, la Región “toma la iniciativa” con una estrategia que pretende combatir la desigualdad, la precariedad y la desventaja social, reforzando el trabajo en red y la coordinación entre recursos. En este sentido, recuerda que, gracias a las políticas autonómicas, la tasa AROPE —el principal indicador de riesgo de pobreza— ha descendido 12 puntos en la última década en la Región de Murcia.

No obstante, los datos nacionales y europeos siguen reflejando un problema estructural, con España entre los países con mayor riesgo de pobreza infantil. Un contexto que, según el Gobierno regional, justifica el impulso de una nueva estrategia “para no dejar a nadie atrás” y adaptar las políticas sociales a una realidad cada vez más compleja.