Cartagena ofrece "primas de altura" para compensar los sobrecostes arqueológicos en el casco histórico

Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena elevará al pleno del próximo 12 de febrero la aprobación provisional de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) diseñado para transformar el modelo de ciudad durante las próximas décadas. El documento final, que ha incorporado soluciones tras analizar más de 1.600 alegaciones, tiene como eje central dar respuesta a la "emergencia de vivienda", aumentando la previsión de crecimiento de las 80.000 viviendas iniciales a 100.000 hogares. Para alcanzar este objetivo, el consistorio ampliará en 700 hectáreas el suelo residencial, lo que supone elevar la superficie urbanizable del municipio del 5,7 al 7%. Esta expansión se concentrará en las diputaciones de La Aljorra, La Palma y El Algar, donde además se han proyectado estudios hidrológicos previos para que los nuevos desarrollos sirvan también para "contribuir a resolver problemas de inundación existentes a día de hoy".

Para fomentar la construcción de vivienda protegida y asequible, el plan introduce una batería de incentivos económicos y técnicos sin precedentes. El Ayuntamiento ha decidido calificar como edificables determinadas propiedades municipales que hasta ahora eran solo equipamientos, abriendo la puerta a que el suelo público se destine a vivienda bajo cualquier régimen de protección. Asimismo, los promotores privados que destinen la totalidad de su promoción a vivienda protegida podrán beneficiarse de un aumento de la edificabilidad de hasta el 40%, una cifra que llegará al 50% si el suelo es de titularidad pública. También se incentiva la mejora de la calidad de vida permitiendo que hasta 300 metros cuadrados de zonas comunes (o 500 en el caso de residencias de mayores) no computen a efectos de edificabilidad, facilitando la creación de espacios deportivos o salas compartidas sin reducir el número de viviendas autorizadas.

En el casco histórico, la estrategia municipal busca evitar el despoblamiento compensando los sobrecostes que conlleva la riqueza patrimonial del subsuelo. La alcaldesa ha anunciado la creación de "primas de aprovechamiento" que permitirán aumentar la edificabilidad un 35% cuando aparezcan restos arqueológicos en un solar. "La arqueología manda en Cartagena, pero no queremos que el descubrimiento de restos bloquee la construcción", ha recalcado la regidora al explicar que, si por motivos paisajísticos no se puede ganar altura en el mismo solar, ese aumento de espacio podrá trasladarse a otra parcela mediante un sistema de transferencia. A esto se suma una solución técnica para las zonas inundables o con niveles freáticos altos: el plan permitirá situar las plazas de aparcamiento en planta baja o superiores sin que computen como metros construidos, evitando así el riesgo y el elevado coste de excavar sótanos.

El desarrollo económico también recibe un impulso masivo con la incorporación de siete millones de metros cuadrados de suelo industrial en Cabezo Beaza, Los Camachos, El Algar y Los Carboneles. Para atraer inversión, el Ayuntamiento ha eliminado la limitación de altura para las naves industriales y, simultáneamente, ha prohibido la instalación de plantas de biogás y fotovoltaicas en estos suelos. Esta medida busca garantizar que el terreno industrial se reserve exclusivamente para actividades productivas que generen "empleo y actividad económica estable", evitando que se ocupen parcelas con infraestructuras que apenas crean puestos de trabajo. Además, el plan prevé usos turísticos específicos, como el cambio de uso de la Batería de Fajardo para permitir la instalación de un hotel, incentivando también con un 35% de edificabilidad extra los proyectos turísticos que asuman la preservación arqueológica.

Finalmente, el Plan General integra soluciones a demandas vecinales históricas que habían quedado bloqueadas por falta de encaje legal. Entre estas iniciativas destaca la reserva de suelo para un aparcamiento disuasorio en Cabo de Palos que permitirá reubicar el mercadillo y mejorar la movilidad estival, la calificación del Camino del Sifón como sistema general para facilitar su futura ampliación y la regularización de núcleos rurales como Los Bullas, Los Colorados o Los Días en Canteras. Estas viviendas, que hasta ahora se encontraban fuera de ordenación, obtendrán "seguridad jurídica y encaje legal". Otras actuaciones incluyen la protección del recinto ferial de Pozo Estrecho, la recuperación de los depósitos de agua de Canteras para uso público y la flexibilización del polideportivo Jiménez de la Espada para que pueda albergar aparcamientos en sus plantas superiores, atendiendo así a las necesidades del sector comercial del centro.