Un centenar de personas pide en Murcia prorrogar el escudo social para los más vulnerables

MURCIA

Alrededor de un centenar de personas convocadas por las Marchas por la Dignidad han reivindicado en la tarde de este viernes por el centro de Murcia prorrogar por sexto año consecutivo el escudo social para los más vulnerables, que incluye la subida de pensiones e impide los desahucios de viviendas y el corte de luz, agua y gas a los más vulnerables, entre otras medidas.

Las organizaciones convocantes han denunciado en el manifiesto leído al término de la marcha frente a la sede de la presidencia del Gobierno murciano que, con todo, es "claramente insuficiente".

Y es que entre 2000, cuando se puso en marcha por primera vez por la covid, ya superado el millón de desahucios como consecuencia de la crisis financiera y la explosión de la burbuja inmobiliaria, y 2024, tras sucesivas prórrogas consecutivas hasta el pasado año, han sido ejecutados 163.257, según el Consejo General del Poder Judicial.

Rechazan que "como en 2025, las tres derechas, Junts, Vox y el PP, lo hayan vuelto a rechazar con argumentos inventados, como que se favorece la okupación, que no aparece en el decreto".

Prefieren poner en riesgo la mejora de las pensiones, exenciones para los damnificados de la dana valenciana o ayudas al transporte y a las familias más vulnerables, "en definitiva, pisotearlos antes que molestar levemente a fondos buitre, banca y demás rentistas", añaden.

Van más lejos y piden al Gobierno de España que mejore y amplíe esas medidas y las convierta en estructurales y permanentes en consonancia con los compromisos internacionales de derechos humanos, que prohíben los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.

Sobre la situación en Murcia, indican que las derechas regionales rechazaron el trámite de la iniciativa legislativa popular sobre vivienda y preparan la reforma de la que llaman asequible con altos niveles de renta máximos.

Desde los sindicatos UGT, USO, Intersindical y CCOO añaden que "se deja fuera a la mayoría social y se perpetúa un sistema en el que la vivienda se concibe como un producto financiero, no como un derecho constitucional".

Para los Yay@Flautas, "las personas jubiladas están siendo usadas como moneda de cambio para objetivos partidistas de la derecha, que no tiene ninguna intención de mejorarles la vida, sino que tan solo busca su propio beneficio imponiendo sus criterios liberales, capitalistas e insolidarios, es decir, antisociales".

Los sindicatos critican que decayera en el Congreso en enero el decreto que también actualiza el ingreso mínimo vital, junto con las demás medidas "imprescindibles para el mantenimiento de la protección social de la que dependen miles" de personas en una de las comunidades "con mayor índice de pobreza, a la cola en subida salarial, con sueldos escasos que generan pensiones bajas".

Recuerdan que una de cada cuatro familias murcianas tiene a todos sus componentes en paro y más de 200.000 personas trabajadoras son pobres, ya que cobran el salario mínimo.

Convocaban además la protesta los partidos Podemos, IU-V, Movimiento Sumar y Recortes Cero, la asociación de consumidores Consumur, las plataformas del Voluntariado y de Afectados por las Hipotecas y Con Todo Derecho Cartagena y la organización no gubernamental Antropología Global.