El PSOE exige frenar el corte de suministros en Villas Caravaning mientras el Gobierno local lo tacha de "conflicto entre particulares"

Cartagena

La tensión en el antiguo camping de Villas Caravaning ha alcanzado su punto máximo. Los residentes han recibido una notificación que ha disparado la preocupación. Se trata de una carta de la comunidad de propietarios advirtiéndoles de que, al final de esta misma semana, se procederá al corte total de los suministros de agua y electricidad. Esta medida dejaría en una situación de desamparo absoluto a más de cien familias que tienen allí su residencia.

El Grupo Municipal Socialista califica la situación "de emergencia social". Su portavoz, Manolo Torres, ha sido contundente al señalar la gravedad de la notificación recibida por los vecinos. “Más de 100 familias de Villas Caravaning se van a ver abocadas a la ruina porque se van a quedar sin luz y sin agua”, ha denunciado el edil, quien considera que el Ayuntamiento tiene herramientas legales para frenar este proceso.

Torres apela directamente a la normativa estatal para exigir una intervención de urgencia. “Es fundamental que el gobierno municipal cumpla la orden del Gobierno de España e impida que Hidrogea, que es un servicio municipal, y Endesa interrumpan el suministro”, ha reclamado, recordando que existe una moratoria vigente que protege a los consumidores vulnerables.

Además, el portavoz socialista ha lanzado una dura crítica contra la gestión de la alcaldesa, Noelia Arroyo, respecto a los recursos destinados a fines sociales. “El Fondo Social del Agua está para apoyar a quienes no pueden pagar el recibo y no para hacer obras, que es para lo que la señora Arroyo lo está usando durante estos últimos 4 años”, ha sentenciado Torres, exigiendo que el Ejecutivo local “se deje de obras oportunistas y electoralistas y se ponga a solucionar los problemas reales de los ciudadanos”.

"No podemos pagar deudas de una entidad privada"

Frente a estas exigencias, el Gobierno municipal mantiene una postura basada en la naturaleza jurídica del conflicto. La concejal de Política Social, Cristina Mora, ha comparecido para aclarar que, desde la perspectiva del Ejecutivo, el Ayuntamiento carece de competencias para intervenir en lo que define como un problema interno de gestión privada.

“Estamos ante un conflicto de particulares entre una comunidad de propietarios y las familias que allí residen, un ámbito en el que el Ayuntamiento no puede intervenir legalmente”, ha explicado Mora. La edil ha argumentado que, aunque son sensibles a la situación de los vecinos, la administración no puede utilizar recursos municipales para sanear las cuentas de un complejo privado.

Mora ha insistido en que el problema de la deuda —que ya supera el medio millón de euros— debe resolverse en el seno de la propia comunidad y con las empresas suministradoras. Sin embargo, ha recalcado que los servicios sociales municipales se mantienen vigilantes para atender, de forma individualizada, cualquier situación de extrema vulnerabilidad que pudiera derivarse de este conflicto, pero siempre bajo el marco de que “el problema de fondo debe resolverse entre los propios afectados y la administración del complejo”.

Un final de semana crítico

Con el plazo marcado por la comunidad de propietarios agotándose, el futuro de estas cien familias pende de un hilo. Mientras el PSOE insiste en que el Ayuntamiento debe forzar a Hidrogea y Endesa a cumplir la orden estatal que impide cortes a personas en exclusión, el Gobierno local se reafirma en que no puede rescatar con dinero público una gestión deficitaria de particulares. El desenlace se conocerá al final de esta semana, con el riesgo real de que Villas Caravaning se quede a oscuras y sin suministro hídrico.