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Podemos pide la Fiscalía que investigue a la consejería de Agricultura por ocultar información

Acusa al Gobierno regional de tapar un informe de la UPCT que pondría de manifiesto concentraciones de metales pesados en campos de cultivo del Campo de Cartagena

Víctor Egío y María Marín, muestran un mapa sobre la situación de los suelos en el Campo de Cartagena / Podemos

Víctor Egío y María Marín, muestran un mapa sobre la situación de los suelos en el Campo de Cartagena

Murcia

Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Murcia para esclarecer las supuestas contradicciones en torno al estudio sobre la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena, encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena y financiado con casi trescientos mil euros de fondos públicos.

El partido recuerda que la subvención fue aprobada en noviembre de 2023 y que la UPCT sostiene que el trabajo se realizó y se entregó en mayo de 2025, incluyendo todos los informes y su justificación. Sin embargo, una orden de la Consejería de Agricultura fechada el pasado 4 de febrero afirma que el estudio no está realizado, que la documentación “no obra en poder” del departamento y que se ha iniciado el procedimiento para reclamar el dinero.

Podemos habla de una “aparente contradicción” que podría implicar la ocultación de documentación pública, y pide a Fiscalía que investigue si existe responsabilidad penal. El caso analiza el uso de fondos públicos y la gestión del estudio sobre los suelos del Campo de Cartagena.

La consejera rechaza las acusaciones

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha rechazado hoy las acusaciones de Podemos, que asegura que su departamento ocultó un informe de la UPCT sobre la presencia de metales pesados en el Campo de Cartagena. Rubira ha explicado que el estudio, subvencionado por la consejería, fue entregado, pero los técnicos detectaron que “no se ajusta” por el momento a la memoria prevista en aspectos como metodología, características o plazos.

Por este motivo, ha dicho, se ha iniciado un procedimiento administrativo de reintegro, “un trámite ordinario” que, según aseguró, ya se ha aplicado en otros casos similares. La UPCT dispone ahora de quince días hábiles para subsanar la documentación pendiente.

Rubira insistió en que el informe no está concluido y que, hasta que no se complete conforme al objetivo inicial, no se puede constatar la presencia de metales pesados en los suelos analizados. La consejera afirmó que cuando el estudio esté finalizado, la consejería facilitará toda la información.

Las organizaciones ecologistas piden analizar los suelos agrícolas

La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor han pedido datos, análisis y actuaciones ante los indicios de metales pesados en suelos agrícolas de todo el Campo de Cartagena. Ambas asociaciones han denunciado la "inacción administrativa" ante unos mapas oficiales de isoconcentraciones de plomo, cadmio, zinc y cobre "que muestran patrones espaciales coherentes de contaminación en suelos agrícolas del Campo de Cartagena".

Las asociaciones hacen referencia a la cartografía elaborada para la Administración, con zonas identificadas como hotspots y gradientes compatibles con aportes históricos de origen minero-metalúrgico que, según han indicado, aparecieron durante el juicio a Tragsa por la balsa del Lirio elaboradas por el equipo redactor para la Consejería de Agua, Agricultura, Ganado y Pesca, según han informado las asociaciones.

En este sentido, han denunciado que no se haya puesto a disposición pública el conjunto de datos primarios que los respaldan señalando que "sin esos datos, no hay auditoría independiente posible, y sin auditoría, no hay garantías para agricultores, trabajadores ni consumidores", según han informado ambas asociaciones en un comunicado.

"A día de hoy seguimos sin acceso al dataset completo que permitiría verificar, parcela a parcela, si se cumplen o no los límites legales para suelos agrarios", han denunciado.

Asimismo, han afirmado que aunque no se disponga aún del pH ni de las analíticas puntuales, los mapas permiten verificar que donde las isoconcentraciones superan los umbrales legales existe una incompatibilidad objetiva con el uso agrario y que donde se sitúan cerca del límite no puede declararse conformidad sin verificación analítica reglada.

Las asociaciones afirman que la incertidumbre residual "no puede utilizarse como excusa para no hacer nada cuando están en juego la cadena agroalimentaria, la salud laboral, la salud de los habitantes y el medio ambiente" y apuntan que el principio de precaución "obliga a verificar y gestionar el riesgo, no a mirar hacia otro lado".

Además, han señalado que existe un riesgo directo para las personas trabajadoras del campo por contacto dérmico, ingestión accidental e inhalación de polvo, especialmente durante las labores agrícolas y en episodios secos.

De este modo, han apuntado que "alguien conocía estos datos" recopilados de la cartografía elaborada por el equipo redactor del informe en el marco de un encargo institucional a la Universidad Politécnica de Cartagena. "Alguien conocía estos datos y no tomo la medidas necesarias para proteger humanos y medio ambiente. Esto es falta de responsabilidad, esto es prevaricación", han aseverado.

Para ambas asociaciones es "inaceptable" que "no se haya entregado el conjunto completo de datos analíticos, no se haya activado una campaña pública y transparente de contraste en las zonas de mayor carga y no se hayan adoptado medidas provisionales de protección mientras persiste la incertidumbre".

Por esto piden la entrega inmediata del dataset primario completo que sustenta la cartografía o una campaña independiente de muestreo en suelos de cultivo, priorizando las zonas señaladas si esa información no se aporta. Además, la determinación simultánea del pH, la cadena de custodia documentada, el análisis en laboratorios acreditados, medidas provisionales inmediatas en las áreas de mayor riesgo para proteger la producción alimentaria humana, la alimentación animal y la salud de las personas trabajadoras.

Asimismo exigen transparencia total y participación de peritos independientes y, si se confirman riesgos inaceptables, activación del procedimiento de suelo contaminado y evaluación de riesgos por uso, sin dilaciones, y por último responsabilidad institucional.

"Que sea UPCT o las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, alguien ha prevaricado y alguien tiene que ser responsable. Esto va de la salud de todos los habitantes y trabajadores del Campo de Cartagena Esto va de la salud de los Europeos que comen los productos que se cultivan allí", han concluido.

 

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