Cuando la justicia mira al pasado y obliga a pagar en el presente

Cartagena

Hay sentencias que no solo dictan una cantidad: dictan, sobre todo, una sensación de desajuste entre el tiempo en que fueron concebidas las normas y el tiempo en que deben cumplirse. La condena al Ayuntamiento de Cartagena a abonar 54 millones de euros por el proyecto de El Vivero, un plan parcial nacido hace más de cuatro décadas, es uno de esos casos en los que la realidad actual parece quedar atrapada en la arquitectura legal de otra época.

El fallo parte de un planeamiento urbanístico previo al PGOU vigente, redactado bajo un marco normativo y unos criterios de crecimiento completamente distintos a los actuales. Una normativa que no contemplaba ni los límites medioambientales del Mar Menor, ni la complejidad jurídica derivada de décadas de cambios legislativos, ni la transformación del propio modelo urbanístico en España. Sin embargo, es esa normativa antigua la que hoy sostiene una indemnización multimillonaria que amenaza con comprometer la estabilidad financiera del municipio.

Esta situación obliga a plantear una pregunta esencial: ¿es razonable que un ayuntamiento deba asumir consecuencias económicas desproporcionadas por procedimientos iniciados y bloqueados durante generaciones, a menudo fuera del control de los equipos de gobierno actuales? Cuando una sentencia se apoya en un marco jurídico que ha quedado desfasado, el resultado no solo es injusto: es disfuncional para la gestión pública.

Conviene recordar que la función del urbanismo no es ser una máquina del tiempo, sino un instrumento para ordenar el futuro. Y aquí la paradoja es evidente: mientras Cartagena intenta reconstruir su modelo territorial bajo criterios contemporáneos —sostenibilidad, regeneración urbana, protección ambiental— una resolución judicial le exige pagar como si aún habitara en el urbanismo expansivo de los años ochenta.

Más allá de la pugna política, este caso revela un problema estructural: el desfase crónico entre el ritmo de la justicia y el ritmo de la planificación urbana. Cuando un litigio dura cuatro décadas, el sistema falla. Y cuando la solución llega cargada de un peso económico que una administración difícilmente puede asumir, la justicia deja de ser correctora para convertirse en un factor de riesgo.

Es necesario que los tribunales tengan herramientas para contextualizar, actualizar y modular decisiones que afectan a la viabilidad de un municipio entero. La seguridad jurídica no debe ser incompatible con la sensatez.

Cartagena no necesita pagar por los errores de otro tiempo; necesita, simplemente, poder seguir construyendo el suyo.