Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cartagena califican de "jarro de agua fría" la indemnización de 54 millones por los terrenos de El Vivero

Cartagena

El conflicto urbanístico por los terrenos de El Vivero, en el entorno del Mar Menor, ha dado un giro judicial que ha encendido las alarmas y la preocupación en el Ayuntamiento de Cartagena. Una reciente auto judicial obliga al consistorio a indemnizar con 54 millones de euros a los propietarios de estos suelos, una cifra que el jefe de los servicios jurídicos municipales, Francisco Pagán, no ha dudado en calificar como "un jarro de agua fría para todos".

El origen del problema se remonta a la pretensión de los propietarios de transformar estos suelos rurales en urbanizables para construir una macrourbanización de unas 15.000 viviendas. Aunque el proceso se paralizó inicialmente por la moratoria del Mar Menor, la caducidad de dicho plazo sin que la Comunidad Autónoma dictara un plan de ordenación ha llevado al juez a ordenar que el desarrollo continúe. Ante la imposibilidad de ejecutarlo por la protección ambiental que ahora rige en la zona, la justicia ha fijado esa cuantía millonaria.

Un laberinto jurídico y económico

Para los servicios jurídicos municipales, la resolución carece de lógica técnica. Pagán explica que "el daño y el perjuicio no puede ser comprar terrenos de terceros o el valor de los terrenos, porque los estaríamos indemnizando y ellos seguirían siendo los propietarios". Según el letrado, se trata de una situación inaudita: el Ayuntamiento pagaría el valor del suelo, pero el suelo no pasaría a ser público. "Es un contrasentido: usted me los paga aunque yo sigo siendo el dueño y luego puedo hacer lo que quiera", sentencia.

El Ayuntamiento ya prepara el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. La defensa municipal sostiene que el juez debería haber practicado pruebas ante las posturas "tan equidistantes" de los peritos de ambas partes, en lugar de dictar directamente un auto que consideran desorbitado. "No tienen sentido ni las expectativas de derechos, ni que usted me valore esto como si se hubiese construido", añade Pagán, subrayando que la indemnización debería limitarse a daños tangibles como proyectos técnicos o impuestos pagados, pero nunca al valor total del suelo.

El futuro del Mar Menor y las arcas públicas

La cuantía de 54 millones de euros es desproporcionada. Sin embargo, más allá del dinero, preocupa el precedente que se pueda sentar. Pagán advierte de que permitir este tipo de pagos supondría un "enriquecimiento injusto para el propietario, que sigue con el suelo y con un suelo pagado por la Administración".

El horizonte judicial se prevé largo. El proceso en la sala de lo contencioso podría alargarse entre "seis meses y un año y pico". Durante ese tiempo, el Ayuntamiento confía en que las instancias superiores pongan orden en una resolución que consideran un "disparate", mientras esperan que la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana blinde definitivamente la protección medioambiental de la zona. Como concluye Pagán, en el derecho "dos y dos pueden ser cuatro, pero también 22", y Cartagena va a pelear para que la factura de la protección del Mar Menor no recaiga de forma injusta sobre el bolsillo de los ciudadanos.