MC y el Gobierno local se enzarzan en una guerra de acusaciones por la condena millonaria de El Vivero

Cartagena

Cartagena asiste a un enfrentamiento político y jurídico de alta intensidad tras conocerse el auto que fija una indemnización de 54 millones de euros por la inejecución urbanística en los terrenos de El Vivero. El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, ha comparecido con extrema dureza para denunciar que el Gobierno local ha jugado con las cartas marcadas, asegurando que "Noelia Arroyo tenía desde el verano de 2024 una sentencia que ha ocultado de forma consciente y deliberada a todos los cartageneros". Según la formación cartagenerista, esta resolución obligaba al consistorio por silencio administrativo a tramitar el plan parcial, un hecho que Giménez Gallo vincula directamente con las prisas por aprobar el Plan General de Ordenación Urbana el pasado febrero, cuestionando si "¿conocían el resto de grupos la existencia de este procedimiento o sólo la conocía la señora Arroyo?" para ocultar que sobre la mesa ya existía una reclamación que podría alcanzar los 110 millones de euros.

La reacción de la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha sido un ataque frontal a la credibilidad de la oposición, a quienes ha acusado de manipular la información para sacar rédito político. Arroyo ha sido tajante al afirmar que "todos los grupos políticos votaron por unanimidad la clasificación como suelo no urbanizable del Vivero en la aprobación inicial" y que el auto judicial actual no es más que una pieza separada que nada tiene que ver con la reciente aprobación del Plan General. La regidora ha afeado la actitud de MC señalando que "mienten más que hablan y manipulan permanentemente" y ha recordado que el bloqueo del proyecto nació de la necesidad ambiental de proteger la laguna, insistiendo en que "era insostenible, inviable e inasumible desarrollar esas grandes promociones 40 años después en el entorno del Mar Menor".

El impacto económico y el fantasma de la intervención

Desde el punto de vista financiero, la preocupación de MC es absoluta. La concejal Isabel García ha detallado que esta cifra supone casi un 20% del presupuesto municipal, una desviación que a juicio de Giménez Gallo es inasumible porque "el presupuesto municipal se equilibra por los pelos, concretamente por 44.600 euros". El portavoz ha alertado de que esta condena obligará a tomar medidas drásticas, sentenciando que "pagar ahora 54 millones significa tres cosas inevitables: más deuda, menos gasto e inversión o mayor presión fiscal". Además, ha criticado el modelo de gestión del PP alegando que "Noelia Arroyo ha perdido el norte y cree que ser alcaldesa es organizar eventos", mientras advierte de que si no se frena esta deriva judicial "no hay que descartar volver al escenario de intervención por parte del Ministerio de Hacienda".

Arroyo, por su parte, ha pedido calma y ha defendido con vehemencia el trabajo de sus técnicos, argumentando que el auto es desproporcionado porque no se han tenido en cuenta los informes de la Oficina de Gestión Presupuestaria. Para el Ejecutivo, el cálculo del juez es erróneo ya que el terreno en cuestión siempre ha sido suelo rural básico y, por tanto, "no tiene ningún derecho consolidado y sigue siendo propiedad de los demandantes". La alcaldesa confía plenamente en el recurso de apelación que presentará en quince días, alegando que, en el peor de los casos, la responsabilidad económica del Ayuntamiento "debería circunscribirse a los gastos administrativos durante este tiempo, pero llegaríamos hasta ahí".

Un modelo urbanístico bajo sospecha

La discusión también ha derivado en la falta de previsión histórica. Giménez Gallo ha tirado de hemeroteca para recordar que los problemas de este suelo se conocen desde 2001 y que la alcaldesa ha sido temeraria al no negociar una solución previa, afirmando que "nuestra alcaldesa estaba pensando en ser doña Sardina mientras este problema estaba sobre la mesa". Para MC, la desclasificación se ha hecho de forma generalista y descuidada, lo que ha facilitado la reclamación de los promotores. Sin embargo, Arroyo sostiene que su decisión de proteger el Mar Menor es un valor compartido por la sociedad cartagenera y que "a cualquier cartagenero de buena fe le parece un disparate desarrollar 15.000 viviendas a día de hoy", independientemente de las trabas judiciales.

El desenlace de este conflicto marcará el futuro de la legislatura. Mientras Giménez Gallo insiste en que el Ayuntamiento se enfrenta a una cascada de pleitos similares en zonas como Mar de Cristal o Los Urrutias porque "Noelia Arroyo ha decidido que en Cartagena no se puede construir mientras en los municipios vecinos sí", la alcaldesa pide que cese el alarmismo y se deje trabajar a la justicia. Con el horizonte de un recurso que podría tardar meses en resolverse, la política cartagenera queda dividida entre quienes ven una negligencia que hipoteca el futuro y quienes defienden que "lo que está diciendo ese grupo político es absolutamente falso" y que proteger el Mar Menor es la única prioridad irrenunciable.