ANSE alerta de que la sentencia del Vivero supondría un retroceso en la protección del Mar Menor

CARTAGENA

El director de ANSE, Pedro García, advierte de que la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Cartagena a indemnizar con 54 millones de euros a los promotores del Vivero es “muy peligrosa” y podría suponer “un paso atrás enorme” en los avances logrados en los últimos años para reducir la presión urbanística sobre el entorno del Mar Menor.

García considera que, si finalmente la resolución judicial se hiciera firme, abriría la puerta a que otros proyectos ya descartados, como el antiguo plan parcial de Novo Cartago o desarrollos previstos en zonas como Punta de la Loma, volvieran a reactivarse o reclamaran compensaciones de gran impacto económico. Para ANSE, el riesgo no afecta solo al Ayuntamiento, sino al conjunto de la planificación territorial.

El presidente de la asociación asegura que ANSE ha trasladado a la alcaldesa su apoyo para recurrir la sentencia y defiende que existen argumentos suficientes para hacerlo. Para él, la cifra de 54 millones fijada por los jueces es “absolutamente desproporcionada” y basada en expectativas de negocio, cuando como mucho debería valorarse la documentación urbanística presentada por la empresa en su día.

García subraya también que el caso del Vivero es un ejemplo del tipo de desarrollos que, según ANSE, nunca deberían haberse aprobado: "se trata de terrenos ganados al mar a mediados del siglo pasado, que formaban parte del Mar Menor y cuyo uso urbanístico quedó desfasado con el paso del tiempo". Por ello, la asociación considera que la decisión del Ayuntamiento de eliminarlos del planeamiento “era un acto de responsabilidad”.

En este escenario, ANSE insiste en que la Asamblea Regional debe retomar con urgencia la moratoria urbanística del Mar Menor dentro de la ley específica, como forma de proteger legalmente a los ayuntamientos que han decidido reducir edificabilidad en zonas sensibles. “Es el momento de respaldar a quienes han dado pasos valientes para frenar la presión urbanística”, señala García.

Respecto al valor económico de los terrenos, ANSE evita entrar en cifras y recuerda que su principal valor “es ambiental”. Según el presidente, la rentabilidad a medio y largo plazo sería mayor si esa zona se destinara a crear infraestructura verde que permita naturalizar un litoral muy saturado por el urbanismo.

ANSE defiende que la sentencia pone en riesgo no solo el presente, sino el futuro de la ordenación del Mar Menor, y reclama voluntad política para frenar cualquier retroceso en materia de protección ambiental.