El burka fuera de las instalaciones municipales

Cartagena

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena se ha convertido este jueves en un escenario de alta tensión política tras aprobarse, con los votos a favor del Partido Popular y Vox, el inicio de los trámites para estudiar la prohibición del acceso a dependencias municipales con el rostro oculto por prendas como el burka o el niqab. La iniciativa, impulsada por Vox pero respaldada por sus socios de gobierno, ha fracturado el salón de plenos en un debate donde la seguridad, la libertad religiosa y la dignidad femenina han chocado frontalmente en una sesión marcada por los reproches cruzados.

El portavoz de Vox, López Pretel, abrió la caja de los truenos defendiendo que la identificación facial no es una cuestión estética, sino una "condición básica para el normal funcionamiento del servicio público". En un discurso muy enfocado a la proximidad del 8 de marzo, Pretel fue contundente al afirmar que aceptar estas prendas "no es neutralidad cultural, es asumir como propio un símbolo de desigualdad", rematando con una frase que marcó el tono de su intervención: "La dignidad de la mujer es irrenunciable y Cartagena no puede ser permisiva frente a prácticas que contradicen la igualdad".

Desde el Partido Popular, Ignacio Jáudenes recogió el guante para justificar el apoyo de su grupo, rechazando los argumentos de quienes consideran que en Cartagena apenas hay casos de velo integral. "La dignidad de las mujeres no se mide por estadísticas. Si hay una sola mujer a la que se le niega el derecho a mostrarse como persona, ahí ya tenemos un problema", aseveró Jáudenes. El edil popular fue más allá al señalar que "no queremos que la mujer se someta a su marido, a su hermano o a su hijo; queremos que se someta exclusivamente a la ley", acusando a la izquierda de "blanquear símbolos de opresión".

La respuesta del bando opositor fue taxativa, especialmente por parte del portavoz socialista, Manuel Torres, quien calificó la sesión de "numerito" y "laboratorio ideológico". Torres no escatimó en ataques, acusando al Gobierno local de "venir a salvar a Cartagena de un problema que sólo existe en sus grupos de Telegram". Con la Constitución en la mano, el socialista advirtió de que los derechos fundamentales no se pueden limitar por un impulso municipal y acusó a PP y Vox de "utilizar los derechos de las mujeres como un mero vehículo para implantar sus ideas racistas". Torres llegó a ironizar con la aplicación de la norma: "¿Qué va a pasar con las pobres monjitas cuando entren con mascarilla? ¿Las va a identificar el GOES como mínimo?".

En medio de este choque de bloques, MC Cartagena optó por la abstención, manteniendo una postura crítica con las formas del debate pero vigilante sobre el fondo legal. El grupo liderado por Jesús Giménez Gallo cuestionó la utilidad real de una medida que, a su juicio, nace más para el titular que para solucionar problemas cotidianos de los cartageneros. Desde la formación cartagenerista se ha puesto el foco en la necesidad de que cualquier normativa municipal respete escrupulosamente el marco competencial, evitando que el Ayuntamiento se meta en "charcos jurídicos" que acaben en nulidad, como ya advertía el informe de la Secretaría General.

Por su parte, desde el Grupo Mixto, María Dolores Ruiz tildó la moción de innecesaria y centrada exclusivamente en señalar al colectivo musulmán. "Yo no he visto a nadie entrar con un casco de motorista o un verdugo a una oficina; esto ya pasa en un banco y en cualquier administración donde hay que identificarse", señaló Ruiz, criticando que se use el pleno para alertar de un "peligro" inexistente en la ciudad.

El debate se cerró bajo la sombra de un informe de la Secretaria General que advertía de la posible nulidad o inconstitucionalidad de la medida si invade competencias estatales. Aun así, el Gobierno local sacó adelante el compromiso de realizar un estudio jurídico previo para redactar una futura ordenanza que, según la oposición, sólo busca "un titular y alimentar el chiringuito ideológico", mientras que para el PP y Vox supone un paso necesario para que "en Cartagena no se normalice la invisibilidad femenina".