ACOHA denuncia un "pelotazo" del Ayuntamiento de Cartagena para privatizar el cementerio musulmán

Cartagena

La polémica por el enterramiento de la comunidad islámica en Cartagena suma un nuevo capítulo judicial y político. La asociación ACOHA ha denunciado lo que califica como una "estrategia confusa" por parte del Ayuntamiento de Cartagena para eludir el cumplimiento de la sentencia que le obliga a habilitar parcelas para el rito musulmán dentro del cementerio municipal de San Antonio.

La secretaria general de ACOHA, Mariam Aretio, ha sido tajante al señalar que el Consistorio está intentando desviar una obligación pública hacia el sector privado. Aretio sostiene que la administración municipal es “cómplice de un pelotazo porque pretende privatizar un servicio público esencial”, algo que, a su juicio, resulta “inadmisible” tanto para la comunidad musulmana como para el conjunto de la ciudadanía de Cartagena.

Un conflicto de competencias y sentencias

El origen del conflicto se remonta a la sentencia dictada el pasado 30 de mayo, que reconocía el derecho de las comunidades islámicas a contar con espacios reservados en el camposanto municipal. Ante la falta de avances, las asociaciones solicitaron la ejecución forzosa. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento ante el juez ha encendido las alarmas en la asociación.

Según explica Aretio, el Gobierno local está jugando a dos bandas: por un lado, afirma tener voluntad de ampliar el cementerio de San Antón, pero por otro, tramita la recalificación de una parcela colindante para un cementerio multiconfesional privado. “El juez ya le ha reprochado al Ayuntamiento su enmarañada estrategia y el intento de jugar a confundir”, explica la secretaria de ACOHA, subrayando que ambas opciones son materialmente incompatibles en el mismo espacio.

"Ciudadanos de segunda"

Desde ACOHA advierten de que esta maniobra sólo busca favorecer un negocio particular en lugar de garantizar derechos fundamentales. Para la asociación, derivar estos enterramientos a una gestión privada supondría una discriminación directa, ya que “crearía ciudadanos de segunda” al obligar a unos vecinos a recurrir a un servicio de pago mientras el resto de cartageneros dispone del cementerio público.

“No se puede permitir que unos ciudadanos puedan enterrarse en el cementerio público y otros tengan que hacerlo en uno privado por mucho que luego hablen de conciertos”, sentencia Mariam Aretio. La asociación asegura que se mantendrá vigilante ante los próximos pasos del Ejecutivo de PP y Vox para evitar que se consume lo que consideran una vulneración de la justicia social y los servicios públicos de la ciudad.