"Una multa de 20.000 euros no repara el daño causado al Mar Menor"

Cartagena

El camino judicial para la laguna salada no está siendo tan fluido como sus defensores esperaban. La asociación AMARME (Alianza Mar Menor), que ejerce la representación jurídica del ecosistema, ha anunciado un recurso contra la reciente sentencia de conformidad que condena a un agricultor por vertidos de nitratos. El motivo de la discordia es un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa que, según denuncian, se cerró ignorando por completo "la voluntad de la víctima".

Un ecosistema que litiga por primera vez

La entrada en vigor de la Ley de Personalidad Jurídica ha convertido al Mar Menor en un sujeto de derechos, pero la práctica diaria en los juzgados aún arrastra inercias del pasado. Sergio Marcos, gerente del Mar Menor y representante legal en esta causa, explica que se encontraron con una situación inesperada en la vista preliminar. "Es un hecho inédito en la historia del derecho de España tener un ecosistema litigante y me imagino que todavía hay personas que no están acostumbradas", señala Marcos, quien apunta a esa falta de hábito como la causa de que no se contara con ellos para el pacto.

El representante legal relata que la citación llegó de forma atropellada, apenas una hora antes de la comparecencia. A pesar de lograr entrar por videoconferencia y mostrar su rechazo a las rebajas de la pena, el tribunal validó el acuerdo. "La ley de enjuiciamiento criminal dice que todas las acusaciones tienen que estar conformes; nosotros al ser una acusación y no estarlo, consideramos que se infringe la ley", denuncia con rotundidad el gerente.

El riesgo de que contaminar salga "barato"

Uno de los puntos que más preocupa a la asociación es la cuantía de la condena. El agricultor ha aceptado una multa de unos 20.000 euros y una inhabilitación de nueve meses, algo que para AMARME no garantiza la regeneración del entorno dañado. "Nuestra intención no es meter a la gente en la cárcel, pero sí que se apliquen las leyes y sobre todo la reparación del daño", aclara Marcos, quien advierte del peligro de este tipo de conformidades. "Una multa de 20.000 euros puede incluso entenderse que a alguien le interese pagarla y continuar con la actividad; de esa manera no se repara el daño", insiste.

La mirada puesta en la Audiencia Provincial

Este primer "revés" no ha desanimado a los representantes de la laguna, aunque admiten que el recurso dilatará los plazos entre 9 y 12 meses. Para Sergio Marcos, es fundamental que el sector judicial asuma este cambio de paradigma. "Hay que escuchar a la víctima antes de cerrar acuerdos; el fiscal debe consultar con la víctima antes de cerrar ningún acuerdo y con el Mar Menor no lo hizo", lamenta el abogado, recordando que la laguna está ya personada en una docena de procedimientos similares.

La verdadera prueba de fuego llegará el próximo 20 de mayo, fecha en la que está señalado el primer gran juicio en la Audiencia Provincial con el Mar Menor como protagonista jurídico. Hasta entonces, la asociación seguirá trabajando para que la voz del ecosistema no sea un mero trámite administrativo. "Casos como este van a ir sirviendo para que la gente vaya asumiendo esta nueva realidad", concluye Marcos.