"No se puede gestionar el litoral a 500 kilómetros del mar"

Cartagena

El Gobierno de la Región de Murcia ha solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas para pactar con el Estado un nuevo marco normativo que ponga fin a la gestión del litoral desde la distancia. El Ejecutivo autonómico considera imprescindible abrir un espacio de cooperación institucional que permita revisar el modelo actual y avanzar hacia una normativa equilibrada y adaptada a la diversidad de las costas españolas. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha defendido la necesidad de este cambio asegurando que las decisiones sobre el litoral no se pueden tomar a 500 kilómetros del mar, sino escuchando a los territorios que conviven cada día con esa realidad geográfica y social.

Esta petición nace del consenso alcanzado por varias comunidades autónomas durante la reciente II Cumbre Nacional del Litoral, donde los gobiernos de Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y la Región de Murcia reclamaron un proceso de diálogo para actualizar la vigente Ley de Costas de 1988. Las autonomías coinciden en que la normativa actual, con casi cuatro décadas de antigüedad, ha quedado obsoleta y no responde a la realidad del siglo veintiuno. Por ello, proponen un sistema que dote de mayor seguridad jurídica al litoral y garantice un equilibrio real entre el desarrollo económico y la necesaria protección ambiental.

Uno de los puntos críticos de esta reivindicación es la superación de la actual política de deslindes, que está generando importantes incertidumbres entre los propietarios y los ayuntamientos costeros. El objetivo del frente común formado por las comunidades costeras es adaptar la ley a las particularidades de cada territorio, evitando criterios uniformes que no tienen en cuenta las diferencias entre las distintas fachadas marítimas del país. Con esta solicitud, la Región de Murcia busca liderar una transición hacia una gestión más cercana y eficaz que permita proteger el patrimonio natural sin bloquear el crecimiento social y económico de las zonas de costa.