El Ayuntamiento de Cartagena defiende el saneamiento de las cuentas pese a las denuncias por subida de impuestos

Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha situado su deuda municipal en el 25% de sus recursos ordinarios, una cifra que el concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, defiende como muestra de solvencia al encontrarse muy por debajo del límite legal del 110%. Según los datos del Ejecutivo local, la deuda ha pasado de superar los 100 millones de euros en 2017 a los 67 millones actuales, con la previsión de cerrar el ejercicio 2026 por debajo de los 52 millones.

Esta reducción, sostiene el Gobierno de Noelia Arroyo, permite un ahorro en intereses que se traduce en mayor capacidad de inversión. El concejal ha contrapuesto esta situación con la gestión de mandatos previos, afirmando que “cuando gobernaban PSOE y Movimiento Ciudadano, cada cartagenero debía 470 euros; y al final de esta legislatura esa cifra estará por debajo de 180 euros por habitante”. Según el portavoz del Grupo Popular, la gestión actual ha permitido pasar de una deuda crítica a una “situación de fortaleza económica que nos permite invertir más y mejor”.

Sin embargo, esta lectura de las cuentas públicas es rechazada frontalmente por los grupos de la oposición, que califican la situación financiera de "crítica". Desde MC Cartagena denuncian que los presupuestos son "engañosos" y advierten de que el municipio se encuentra en una situación de parálisis inversora. Según la formación liderada por Jesús Giménez Gallo, la inversión real con recursos propios es mínima y el Ayuntamiento depende de préstamos que aún no han sido autorizados por el Ministerio de Hacienda, lo que, a su juicio, compromete las obras previstas para el próximo año.

Por su parte, el PSOE de Cartagena sostiene que el consistorio atraviesa una "bancarrota técnica" en la prestación de servicios básicos. El portavoz socialista, Manuel Torres, rebate la versión oficial de saneamiento y asegura que la deuda real podría escalar hasta los 90 millones de euros si se suman los nuevos créditos solicitados para cuadrar las cuentas. Asimismo, la oposición critica lo que consideran una subida de la presión fiscal a través del IBI y el impuesto de vehículos, contradiciendo el compromiso de bajada de impuestos anunciado por el equipo de Gobierno.

El debate técnico también se centra en la reciente modificación del Plan Económico Financiero. Mientras el Ejecutivo municipal justifica este ajuste como una medida de responsabilidad tras el déficit registrado en 2024 para garantizar proyectos de seguridad y vivienda, la oposición critica que se esté forzando la contabilidad para ocultar la falta de liquidez y limitar la capacidad de reacción del municipio ante imprevistos.