UGT y CCOO acusan al Gobierno regional de "defender la precariedad" al atacar el SMI

Murcia

CCOO y UGT de la Región de Murcia denuncian con absoluta contundencia la posición del Gobierno regional contra la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y acusan al Ejecutivo autonómico de “defender un modelo basado en salarios bajos, precariedad y bloqueo de la negociación colectiva”.

Para ambos sindicatos, la actuación del Gobierno regional no es un debate técnico ni jurídico, sino “una decisión política clara: ponerse del lado de quienes llevan años impidiendo que los salarios suban en esta Región”.

“Es inaceptable que el Gobierno de una de las comunidades con los sueldos más bajos del país se levante contra el SMI. No es solo una contradicción, es un ataque directo a las personas trabajadoras de esta tierra.

Críticas del Gobierno regional

El Gobierno de la Región de Murcia ha asegurado este lunes que el anteproyecto de Real Decreto que fija las reglas de aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico y debilita el papel de la negociación colectiva", según las alegaciones presentadas ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha señalado que el anteproyecto "invade claramente el ámbito de normas con rango de ley y quiebra principios básicos como la legalidad y la jerarquía normativa", al tiempo que ha advertido de que "se aparta de forma injustificada de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo".

El documento remitido por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad al Ministerio liderado por Yolanda Díaz subraya que la regulación propuesta "introduce cambios por vía reglamentaria que entran en conflicto con el Estatuto de los Trabajadores", según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En relación con la normativa europea, la consejera ha criticado que "el texto olvida aspectos esenciales de la directiva, especialmente en materia de contratación pública", y ha resaltado que "no se puede exigir a las empresas el cumplimiento del SMI mientras la propia Administración no garantiza ese mismo cumplimiento en sus contratos y subcontratas".

La titular de Empresa ha cuestionado el nuevo sistema de actualización del SMI al asegurar que "el Gobierno central impone revisiones automáticas ligadas únicamente al IPC, ignorando factores clave como la productividad, el poder adquisitivo o la evolución real de los salarios".

En este sentido, ha afirmado que "se trata de un enfoque incompleto que no se ajusta ni a la normativa europea ni al Estatuto de los Trabajadores".

Otro de los puntos analizados es la regulación de la compensación y absorción salarial. La consejera ha alertado de que "se limita de forma indebida un mecanismo reconocido legalmente" y ha incidido en que "el Tribunal Supremo ha dejado claro que el SMI es un umbral global anual y no un salario base, por lo que esta modificación altera su propia naturaleza".

Respuesta sindical

UGT Y CCOO señalan que resulta “especialmente grave” que el Ejecutivo hable de defender la negociación colectiva mientras en la Región de Murcia existen convenios bloqueados durante más de una década. “Lo que hay en Murcia no es negociación colectiva, es su bloqueo sistemático. Y eso tiene responsables”.

Más de 150.000 personas trabajadoras dependen directamente de las subidas del SMI en la Región. En un comunicado conjunto señalan que "cuestionar su aplicación es condenar a miles de familias a seguir viviendo con salarios que no permiten llegar a fin de mes. Es dar la espalda a la realidad social de Murcia”

Los sindicatos denuncian además la “hipocresía insostenible” del discurso del Gobierno regional, recordando sus propias palabras sobre la obligación de garantizar salarios dignos en contratos públicos. Añaden que "si eso es así, que lo apliquen en la sanidad privada y en todos los sectores sostenidos con dinero público. No se puede financiar precariedad desde la Administración y, al mismo tiempo, dar lecciones de legalidad”.

También advierten de que no se puede exigir fuera lo que no se garantiza dentro ya que en la Región de Murcia "el dinero público está sosteniendo condiciones laborales que no son dignas”.

Asimismo, acusan al Gobierno regional de “debilitar deliberadamente el diálogo social”, atacando a los agentes sociales y poniendo en riesgo políticas clave contra la pobreza, la desigualdad y la precariedad laboral.

“Cuando un Gobierno permite que los convenios se bloqueen durante años y, además, cuestiona las herramientas que suben los salarios, no está defendiendo la negociación colectiva: está vaciándola de contenido" según el comunicado.

CCOO y UGT advierten de que esta posición “no es neutral ni técnica”: “es una toma de partido clara a favor de un modelo económico que necesita salarios bajos para sostenerse”.

Por todo ello, exigen al Gobierno regional una rectificación inmediata y un cambio de rumbo. “Gobernar no es proteger a una parte, es garantizar condiciones dignas para toda la ciudadanía.