El TSJ obliga al Ayuntamiento de Lorca a facilitar una documentación que negó al PSOE en 2025
Se trata de documentación relacionada con facturas de una corrida de toros, ingresos, o cobro de espacios públicos
José Luis Ruiz, Isabel Casalduero y José Ángel Ponce, ediles socialistas / Ana Cruz
Lorca
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)de Murcia ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Murcia que en 2025 obligó al Ayuntamiento de Lorca, gobernado por PP y Vox, a permitir el acceso a documentación municipal reclamada por el PSOE y que no le entregó en su día.
El nuevo fallo judicial, que ha hecho público la portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, recoge que queda probado que la información solicitada por su partido “era relevante para el ejercicio de sus funciones de control político”.
También que la falta de acceso a esa documentación “impidió su participación efectiva en debates, la fiscalización y toma de decisiones, lo que constituye una afectación sustancial al ejercicio del cargo”.
Casalduero ha recordado que su grupo municipal recurrió a los tribunales después de que el gobierno “se negara de forma reiterada a permitir el acceso a la información municipal” a este partido en la oposición.
El PSOE había reclamado sin éxito tener acceso a documentación oficial sobre cuestiones como el cobro a colectivos por el uso de espacios como públicos como el recinto ferial Ifelor o el auditorio.
También se interesaba el PSOE por la condonación de una deuda a la entidad de saneamiento Esamur, y reclamaba información sobre la recaudación y costes de la corrida de toros con la que reinauguró la plaza de Sutullena en 2024 o sobre los permisos para la construcción de una tubería en Zarzalico, un asunto que terminó en la Fiscalía.
La nueva sentencia declara probado que el PP impidió deliberadamente el acceso a siete expedientes municipales, lesionando el derecho constitucional a la participación política.
Casalduero ha vuelto a reclamar al gobierno que acate el fallo judicial y entregue toda la documentación requerida por el PSOE y se ha preguntado “qué tiene que ocultar”
El gobierno local había presentado un recurso de apelación contra la sentencia inicial, que ahora queda ratificada también en la condena al ayuntamiento del pago de las costas procesales, que se han fijado en 500 euros.
Contra la nueva sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo
