Hasta 25.000 personas inmigrantes podrían regularizar su situación administrativa en la Región de Murcia

Unas 25.000 personas extranjeras que viven en la Región de Murcia para la regularización extraordinaria, que ha aprobado el Gobierno de España. Son datos que ha elaborado la Fundación para la Ciudadanía Global y que sitúan a la Región de Murcia entre los territorios con mayor impacto potencial de la medida en relación con su población total.

Según estas estimaciones, en la Región de Murcia residen alrededor de 40.000 personas extranjeras en situación administrativa irregular, de las cuales unas 35.000 presentarían solicitud de regularización en caso de aprobarse la iniciativa. Finalmente, 25.000 personas cumplirían previsiblemente los requisitos para obtener la regularización, lo que supondría un avance significativo en derechos sociales y laborales en la comunidad autónoma.

La Región de Murcia cuenta actualmente con una población total de 1.604.043 habitantes, de los que casi 340.000 han nacido en el extranjero, una cifra que refleja el peso estructural de la inmigración en la economía y el tejido social murciano, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción.

Un impacto "relevante en términos sociales y laborales"

Desde la Fundación para la Ciudadanía Global subrayan que la regularización administrativa permitiría aflorar decenas de miles de empleos que ya existen pero que se desarrollan en la economía informal. En el caso de Murcia, la regularización de 25.000 personas "tendría un impacto directo en la mejora de las condiciones laborales, el acceso a la sanidad, la vivienda y la protección social, además de reforzar la recaudación fiscal y las cotizaciones a la Seguridad Social".

Para su director, Jorge Serrano, "la regularización no es un efecto llamada, sino una medida de justicia social y de realismo económico". Además, ha recordado que promovieron la ILP, y ha señalado que muchas de estas personas "llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en España sin poder acceder a derechos básicos por su situación administrativa".